Los agentes creen que Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, actuó como ‘persona interpuesta’ de Cerdán para mover fondos y sobornos
La investigación apunta a un papel clave dentro de la trama. La UCO analiza nuevas pruebas que relacionan a Vicente Fernández Guerrero con el presunto sistema que Santos Cerdán usó para recibir comisiones y pagos, según información de El Debate.
Fernández Guerrero trabajó junto a María Jesús Montero en la Junta de Andalucía socialista y dirigió la SEPI, colocado a dedo por la ministra, durante varios meses antes de dimitir por el caso Aznalcóllar.
Presunto enlace para recibir comisiones para la trama del ‘caso PSOE’
Los investigadores consideran que Cerdán lo utilizó como enlace para obtener parte del dinero generado por la trama investigada por el Supremo. Esta tesis aparece en los informes policiales recogidos por el citado medio.
Entre 2021 y 2023, Fernández Guerrero trabajó para Servinabar, adjudicataria de un contrato de 72 millones para reformar el túnel de Belate. Al menos seis millones terminaron en la empresa, en la que Cerdán llegó a tener el 45 por ciento de las participaciones.
Dos ramas en la organización criminal: una para cobrar mordidas y otra para manipular licitaciones
El flujo económico convierte a Servinabar en una vía relevante dentro de los pagos y las adjudicaciones bajo sospecha. La investigación describe dos ramas en la trama del caso PSOE: una centrada en el cobro de comisiones y otra en manipular concursos públicos.
En esta última destacan Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera, señalados por intervenir para dirigir adjudicaciones hacia compañías vinculadas a la red.
Tarifas del 2% por cada contrato público amañado
Los agentes sostienen que Fernández Guerrero actuó como “persona interpuesta” para justificar ingresos que procederían del presunto cobro de sobornos. Su nómina en la constructora permitió, según la investigación, dar apariencia legal a pagos periódicos relacionados con la trama.
Los informes policiales indican que la red aplicaba una tarifa del 2 por ciento a cada contrato público manipulado. Las empresas interesadas abonaban ese porcentaje mediante Servinabar 2000 SL, sociedad creada en 2015 y controlada en buena parte por Cerdán desde 2016.
La UCO sospecha que estos pagos buscaban asegurar contratos públicos en administraciones gobernadas por el PSOE, un objetivo que la red necesitaba mantener para no interrumpir su flujo de ingresos.
Acciona aparece como principal aportante y transfirió casi seis millones a Servinabar entre 2015 y 2024. Ese volumen coincidió con adjudicaciones relevantes tanto en Navarra como a nivel estatal.
Cooperativas opacas y la hermana de Cerdán
Una parte del dinero quedó en Servinabar, y otra llegó a cooperativas opacas como Noran, que recibió 732.000 euros y donde figuraba Koldo García, señalado como posible testaferro de Cerdán.
Otra cooperativa, Erkolan, recibió 258.000 euros entre 2019 y 2024 y parte de ese dinero terminó en cuentas de Belén Cerdán, (hermana del exsecretario gral. del PSOE encarcelado, Santos Cerdán) quien llegó a cobrar una nómina mensual por supuestas tareas administrativas.
Avances de la investigación del ‘caso PSOE’ y empresarios beneficiados bajo sospecha
La investigación avanzó el pasado viernes cuando la UCO, por orden del instructor del “caso PSOE”, registró sedes de Acciona en Madrid y Bilbao e intervino documentación y material informático de un directivo.
También inspeccionó empresas beneficiadas como Tecade y Freyssinet, adjudicatarias del proyecto del Puente del V Centenario en Sevilla por 88 millones.
Los agentes investigan además a Jon Iñaki Alzaga Etxeita, empresario próximo al PNV, por un contrato para construir un colegio público en Navarra obtenido junto a Acciona y al socio de Cerdán, y que figura bajo sospecha por posible manipulación del concurso.
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