Se investiga si la presunta organización criminal del ‘caso hidrocarburos’ pudo influir en tres ministerios mediante favores y dinero
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prosigue con los registros de la presunta trama corrupta del «caso hidrocarburos». Los agentes del cuerpo han llegado temprano a las oficinas de Correos y de diversos organismos que dependen del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica, con la finalidad de obtener documentación relacionada con la concesión de contratos que se sospechan manipulados.
Estas investigaciones en busca de documentos de contratación pública se añaden a los registros de ayer jueves en las empresas estatales SEPI, Enusa, Sepides y Mercasa, así como a las detenciones que tuvieron lugar entre miércoles y jueves, de Leire Díez, la fontanera del PSOE; Vicente Fernández, presidente de la SEPI, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.
El informe de la Guardia Civil subraya que existen «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal» en los niveles directivos de los ministerios de Transportes, Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica. El objetivo era conseguir que Villafuel obtuviera la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos aunque no cumplía los requisitos legales.
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