Las sospechas de corrupción siguen rodeando al PSOE sin que nadie dimita ni asuma responsabilidades
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz nuevas pruebas que vinculan directamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con la gestión de pagos a la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con el caso Koldo. Según el último informe remitido al juzgado, Torres habría intervenido personalmente para acelerar los trámites cuando aún presidía el Gobierno de Canarias.
El documento judicial incorpora un intercambio de mensajes entre Torres y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. En una conversación fechada el 3 de julio de 2020, el entonces presidente canario le asegura a García: «Estoy encima de tu pago». En el mismo hilo, Torres añade que el material sanitario ya había sido validado y que la Consejería de Hacienda había completado el proceso para liberar los fondos.
Koldo presumía ante la trama de su acceso directo al presidente canario
Poco después, Koldo García envió una captura de esa conversación a Víctor de Aldama, considerado uno de los principales intermediarios de la red. Según la UCO, este intercambio prueba la influencia que García mantenía dentro del entramado, hasta el punto de movilizar a un presidente autonómico para agilizar pagos a una empresa bajo investigación.
El informe también cita a Antonio Olivera, quien entonces era viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, como otro actor clave en las gestiones. En una conversación con Koldo, Olivera llegó a pedirle “dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo”, lo que evidencia, según los investigadores, que Soluciones de Gestión ya estaba suministrando mascarillas antes de la adjudicación formal de los contratos.
Contratos millonarios bajo el paraguas de la emergencia sanitaria
Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno de Canarias firmó cuatro contratos con Soluciones de Gestión por un valor total de 12,3 millones de euros. Estas operaciones se llevaron a cabo bajo el régimen de contratación de emergencia y, según la UCO, constituyen hoy una de las piezas principales del caso Koldo, que investiga presuntos pagos irregulares y tráfico de influencias en la adquisición de material sanitario.
Los agentes sostienen que estos hechos reflejan el control operativo de Koldo García sobre la cadena de suministro y su capacidad para influir en decisiones de alto nivel dentro del Ejecutivo canario.
