En varios audios el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, alude de forma expresa a un «reparto» de obras de ADIF
La seguridad ferroviaria ha pasado a ocupar un lugar central en el debate público tras una sucesión de incidencias que han reabierto el foco sobre la gestión de la red, el mantenimiento de las infraestructuras y la planificación de las obras. A este contexto técnico se suma ahora un factor de alto voltaje político: la posible manipulación en la adjudicación de contratos ferroviarios, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al denominado caso Koldo.
El documento policial, elaborado en junio del pasado año, examina diversas grabaciones realizadas por Koldo García, en las que participan el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros cargos relevantes. En los audios se hace referencia expresa a un supuesto reparto de obras de ADIF, incluyendo proyectos calificados como “especialmente relevantes para la seguridad”, según recoge The Objective.
Uno de los fragmentos más relevantes corresponde a una conversación fechada el 9 de abril de 2019. En ella, Koldo comunica a Ábalos que un paquete de actuaciones de ADIF estaba próximo a aprobarse, con 14 obras y sus presupuestos listos para salir a licitación, previsiblemente a partir del 26 de abril.
La grabación detalla además que cinco de esas obras habrían sido señaladas previamente por “Isabel”, identificada por la UCO como Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF. Tanto ella como el exdirector general de Carreteras Javier Herrero figuran investigados en la Audiencia Nacional por un presunto amaño de contratos públicos. En ese contexto, Koldo llega a afirmar: “Estas cinco hay que dárselas a…”, mencionando a varias grandes constructoras, lo que para los investigadores apunta a una asignación previa de licitaciones antes de su publicación oficial.
El aspecto que otorga mayor trascendencia política al contenido es la justificación del reparto. En el audio, Koldo sostiene que se trata de obras “muy complicadas” y “críticas para la seguridad”, y añade que “no podemos quedar mal”. La normativa ferroviaria establece altos estándares técnicos en materia de seguridad, pero en este caso ese argumento aparece, según la UCO, como una razón para concentrar adjudicaciones en empresas concretas. Entre las compañías citadas figuran Acciona, Sacyr y Ferrovial, en un contexto que los agentes consideran presuntamente irregular.
Estas grabaciones forman parte del sumario del caso Koldo, inicialmente centrado en la compra de mascarillas durante la pandemia. No obstante, en septiembre pasado el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente abrió una pieza separada para investigar un posible sistema de comisiones vinculadas a obra pública, tras recibir el informe de la UCO. En las conversaciones también aparecen referencias a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, junto a Ábalos. Ambos han cuestionado la validez de los audios alegando manipulación, extremo que la Guardia Civil descarta tras verificar su integridad.
Aunque el informe subraya que todo se sitúa en el ámbito de la presunción y queda sujeto a control judicial, los investigadores destacan un intercambio significativo: mientras se habla del reparto de obras, Ábalos sugiere “hablar con Santos”, a lo que Koldo responde que ya lo ha hecho. La UCO identifica a ese “Santos” como Cerdán y considera que ese diálogo apunta a una coordinación política informal en torno a las adjudicaciones.
El análisis policial también describe un mecanismo habitual para orientar contratos públicos sin alterar formalmente el proceso de adjudicación. La clave estaría en el peso otorgado a la valoración técnica, capaz de compensar ofertas económicas menos ventajosas.
En varios expedientes examinados, empresas o UTEs investigadas obtienen la máxima puntuación técnica sin presentar el precio más bajo. Según la UCO, ese margen de discrecionalidad convierte los informes técnicos en un elemento decisivo cuando se pretende dirigir un contrato hacia un adjudicatario determinado.
Finalmente, el informe incluye un apartado económico que refuerza la hipótesis de una trama de contraprestaciones. Los agentes manejan cifras globales que habrían sido abonadas o quedarían pendientes, vinculadas a adjudicaciones concretas. Todo ello forma parte de la documentación remitida al Tribunal Supremo y se enmarca en una investigación en curso, sin que implique, por el momento, una condena judicial.
