La empresa investigada por defraudar 180 millones recibió autorización ministerial aunque incumplía ‘aparentemente’ los requisitos legales exigidos
La empresa Villafuel, desde la que operaba la presunta organización delictiva de la trama de hidrocarburos que supuestamente defraudó 180 millones de IVA, obtuvo la licencia del ministerio de Transición Ecológica, entonces en manos de Teresa Ribera, a pesar de incumplir «aparentemente» con los requisitos legales exigidos.
Tras la presentación de la correspondiente querella, la Fiscalía Anticorrupción instó a la Audiencia Nacional a abrir unas pesquisas que culminaron en la prisión provisional de Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas.
Anticorrupción argumentó que cada uno de los integrantes de la red desempeñaba un papel clave en su operativa y subrayó que «la operativa fraudulenta» no habría sido posible sin la licencia concedida por el ministerio de Transición Ecológica a Villafuel en 2022.
La Fiscalía señaló la existencia de una presunta organización delictiva que simuló la venta de petróleo desde Villafuel a un conjunto de empresas ficticias creadas para tal fin, cuando en realidad el suministro iba directamente a los clientes finales evitando así el pago del IVA correspondiente a estas operaciones.
La UCO apunta a una organización criminal jerarquizada que operaba mediante Villafuel
Según recoge ‘The Objective’, los investigadores sospechan que Aldama recurrió al exministro José Luis Ábalos para conseguir la licencia mediante su asesor, Koldo García, que les habría ayudado a conseguir diversas reuniones con responsables gubernamentales.
La UCO destacó que, aunque la justificación para un encuentro de cabecillas de la red en el Ministerio de Teresa Ribera tenía el supuesto fin de demostrar su «mejor voluntad« para «seguir creciendo de forma honesta», la realidad fue diferente, ya que en solo dos años de actividad el fraude alcanzó los 182 millones de euros.
Asimismo, según añade ‘La Razón’, tampoco dieron por válida la documentación presentada por la empresa ante el ministerio bajo el control de la entonces vicepresidenta de Sánchez. En estos meses, la UCO ha confirmado la existencia de una presunta red criminal estructurada con una jerarquía clara, situando en la cúspide a Rivas y Aldama.
