Con el pretexto medioambiental, se intentan ‘hacer aceptables medidas que limitan derechos sobre la propiedad privada de ciudadanos y empresas’
Legislación contra la propiedad privada: desde el 1 de enero de 2030, la Unión Europea prohibirá vender o alquilar viviendas con calificación energética F o G —las menos eficientes según el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), con el pretexto de reducir emisiones de CO₂ y mejorar la eficiencia del parque residencial.
Como ocurre con otras normativas de carácter ideológico, alejadas tanto de la realidad como de criterios técnicos, implicará consecuencias especialmente gravosas para las familias con menos recursos. Quienes vivan en inmuebles antiguos y mal acondicionados podrían verse obligados a emprender costosas reformas para adaptarse al estándar mínimo exigido: la calificación E.
‘No buscan beneficiar el medioambiente, porque el impacto que tiene a nivel global es mínimo’
Gerardo del Caz, ingeniero, experto en política energética y colaborador de la Fundación Disenso, declaró a The Epoch Times España que «los objetivos no buscan salvar el planeta o beneficiar el medioambiente, porque el impacto que tiene a nivel global es mínimo, es ridículo, sino que permite al Estado hacer aceptables o hacer digeribles determinadas medidas que van en la línea de limitar esos derechos sobre la propiedad privada de los ciudadanos y de las empresas».
El especialista añadió que, con estas iniciativas, «estamos replicando el modelo de la Unión Soviética» en el sentido de «penalizar la propiedad privada». Según él, «lo que se está promoviendo desde Europa es una limitación a la propiedad privada y un estrangulamiento de la oferta inmobiliaria».
‘La posesión de la vivienda sea cada vez más onerosa y difícil para los pequeños propietarios’
En ese contexto, Del Caz alertó también sobre el peligro de que «la posesión de la vivienda sea cada vez más onerosa y difícil para los pequeños propietarios».
Como sucede con muchas políticas enfocadas en cuestiones medioambientales, las nuevas restricciones pueden causar una contracción de la oferta de viviendas, lo cual, a su vez, contribuiría al aumento de precios tanto en el mercado de compraventa y alquiler, profundizando la crisis inmobiliaria existente.
Frente a este escenario, muchos propietarios se encontrarán ante la disyuntiva de realizar reformas de gran coste para alcanzar la calificación energética E, o aguardar un eventual cambio en la normativa.
