Son “comisarios políticos” al servicio del presidente: las delegaciones emplean ya a cerca de 6.500 funcionarios
Una exclusiva de Vozpópuli revela que las delegaciones del Gobierno en España, calificadas como “comisarios políticos” al servicio del presidente Pedro Sánchez, suponen un gasto anual superior a los 350 millones de euros para las arcas públicas.
Estas estructuras, dependientes del Ministerio de Política Territorial, emplean a cerca de 6.500 funcionarios y se han convertido en un instrumento de control político, según el informe, que denuncia su obsolescencia en un Estado autonómico altamente descentralizado.
El presupuesto total del ministerio supera los 600 millones de euros, de los cuales 280 millones se destinan a gastos de personal. Los 19 delegados autonómicos, más dos en Ceuta y Melilla, perciben salarios que promedian más de 100.000 euros anuales, con picos como los 117.341 euros en Melilla o 96.249 en La Rioja para 2024, sin contar incrementos posteriores.
A ellos se suman 44 subdelegados provinciales, siete directores insulares, unas 60 secretarías generales y al menos 150 asesores en gabinetes de apoyo, configurando una red paralela que duplica competencias con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Funciones que se solapan
Históricamente, estas delegaciones nacen del artículo 154 de la Constitución de 1978, diseñado para coordinar la administración estatal en los territorios. Sin embargo, tras décadas de transferencias competenciales, sus funciones, como autorizar manifestaciones, gestionar ayudas por catástrofes o sanciones de seguridad, se solapan con ministerios como Interior o Transición Ecológica.
La digitalización y la inteligencia artificial las hacen aún más redundantes, argumenta la exclusiva.
Colocar fieles al PSOE
Las críticas se centran en su rol político: Sánchez las utiliza para colocar a fieles del PSOE, con al menos cuatro delegados en la ejecutiva federal del partido.
Nombramientos “a dedo” priorizan la lealtad sobre la experiencia, como en el caso de Francisco Martín en Madrid o José Luis Quintana en Extremadura, amigo personal de Sánchez.
Solo cinco de los 19 delegados son funcionarios de carrera, lo que genera acusaciones de clientelismo y falta de idoneidad.
Opositores y expertos reclaman una revisión o eliminación de estas estructuras, vistas como oposición extraparlamentaria a gobiernos regionales de signo contrario. En un contexto de tensiones políticas, fomentan conflictos en lugar de servicios ciudadanos, agravando el gasto público innecesario. Vozpópuli advierte de que, en un España cuasifederal, los presidentes autonómicos ya representan al Estado, haciendo superfluas estas delegaciones.
