Los particulares deben aprender a manejar la plataforma Prevencion10.es, como si fueran empresas, y adoptar las medidas que indique
Se acabó el margen: el siguiente mercado laboral que el Gobierno planea lastrar vía hiperregulación es el de empleadas del hogar. Desde este viernes, cualquier familia que tenga contratada una empleada en su casa y no haya realizado la evaluación obligatoria de riesgos laborales se expone a sanciones que pueden llegar a los 49.000 euros, según la gravedad.
El Ministerio de Trabajo dio seis meses de plazo para ponerse al día y el contador ha llegado a cero. A partir de hoy están obligados a realizar personalmente la prevención de riesgos laborales, proporcionar gratis equipos de trabajo adecuados y vigilar el estado de salud de la trabajadora, incluyendo exámenes médicos periódicos.
¿Qué exige ahora el Gobierno ?
El Real Decreto aprobado el año pasado cambia por completo el papel de los empleadores particulares. Ahora los particulares deberán aprender a manejar la plataforma Prevencion10.es, la misma que ya usan pequeñas empresas creada por el ministerio de Trabajo.
Según recoge El Debate, las familias deben completar un cuestionario con las tareas que realiza la empleada, si hay mascotas, si trabaja por turnos o si manipula productos de limpieza. La herramienta genera automáticamente la evaluación de riesgos y un plan de medidas correctoras.
Lo que realmente puede pasar si no se cumple
Si el sistema detecta un riesgo, la familia debe corregirlo en el plazo fijado. Y aquí viene lo delicado: si no se actúa o directamente no se ha realizado la evaluación, la Inspección puede proponer multas que oscilan desde leves hasta muy graves.
Según los expertos que han participado en el desarrollo de la herramienta, la mayoría de mejoras no implican gasto económico: organización del trabajo, ventilación, control de productos químicos, zonas de paso despejadas, etc.
El próximo año entrará en vigor el derecho de las empleadas del hogar a un reconocimiento médico adaptado a los riesgos identificados. Será cada tres años y ellas podrán decidir si lo aceptan o no.
