Considera que aún puede destruir pruebas y pudo incurrir en presuntos delitos ‘provisionalmente calificables como de pertenencia a organización criminal’
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo que investiga el ‘caso PSOE‘ ha dictado un auto en el que confirma la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, acordada el pasado 30 de junio.
El instructor considera que persisten los indicios de su implicación en delitos graves y que se mantiene el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. En su resolución, el juez mantiene que existen motivos suficientes para considerar a Cerdán provisionalmente responsable de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Entre los indicios más relevantes, destaca los archivos de audio en los que el exdirigente socialista habría reconocido el cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obras públicas, su reparto entre otros investigados y la existencia de cantidades pendientes de cobro.
Existe riesgo de ocultación y destrucción de pruebas
La decisión desestima el recurso presentado por la defensa de Cerdán el 8 de septiembre, en el que pedía su inmediata puesta en libertad. El juez recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de seis meses para la prisión provisional cuando se acuerda para evitar la manipulación de pruebas, pero subraya que ese límite aún no se ha alcanzado.
En cualquier caso, añade que no es un plazo automático y que la medida podría cesar antes si desaparecen las razones que la justificaron, aunque el auto sostiene que actualmente esas razones siguen vigentes.
En particular, el Supremo apunta que no han concluido las investigaciones sobre la situación patrimonial de Cerdán, en las que se han detectado discrepancias entre sus declaraciones fiscales y determinados ingresos bancarios. Ello motivó la petición de documentación adicional que ha sido incorporada recientemente a la causa.
El magistrado también señala la necesidad de profundizar en los posibles vínculos económicos entre Cerdán, la sociedad Servinabar 2000 y personas relacionadas con la empresa Acciona, extremos que requieren complejos análisis documentales que, a su juicio, aún podrían ser objeto de alteración.
Aunque puede estar hasta seis meses en prisión, no llegará a agotarse del plazo
El magistrado concluye que ni ha vencido el plazo máximo legal de la prisión provisional ni han desaparecido los motivos que llevaron a decretarla, aunque estima que previsiblemente no será necesario agotar los seis meses de duración que establece la LeCrim.
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