El gran salto silencioso de la videovigilancia
Mientras la atención pública se centraba en la política nacional y los conflictos internacionales, los ayuntamientos españoles han llevado a cabo lo que expertos ya llaman un “salto masivo hacia la vigilancia permanente”: la instalación de más de 45.000 cámaras nuevas de seguridad en calles, plazas, accesos a colegios, edificios municipales y zonas comerciales.
La cifra, recogida en el informe anual de la European Data Protection Board (EDPB), sitúa a España por encima de Reino Unido, Países Bajos y Francia en número de cámaras por habitante instaladas por administraciones locales.
Y todo ello sin una ley específica que regule este despliegue acelerado.
De herramienta policial a red de vigilancia urbana
Las cámaras empezaron como un refuerzo a la seguridad ciudadana, pero hoy se emplean también para:
- Control de movilidad
- Multas automatizadas
- Supervisión de terrazas y comercios
- Gestión del tráfico
- Lectura de matrículas
- Monitorización de “comportamientos incívicos”
Abogados especializados alertan de que muchas cámaras funcionan sin carteles visibles, sin auditorías de impacto y sin justificar adecuadamente su necesidad.
Más cámaras… pero no menos delitos
El mismo informe del EDPB recuerda que no existe correlación demostrada entre el aumento de cámaras y la reducción de delitos.
En ciudades con gran concentración de dispositivos —como Madrid, Barcelona, Bilbao o Málaga—, la criminalidad no ha caído en proporción al desembolso público.
Los expertos advierten del riesgo de un “efecto placebo”: más cámaras, misma inseguridad… pero mucha más vigilancia.
Crece la preocupación por la privacidad
La expansión masiva ha encendido las alarmas de juristas y organizaciones digitales.
Varias asociaciones denuncian que muchas de las nuevas cámaras son de alta resolución, con tecnología capaz de reconocer rasgos faciales y patrones de movimiento, aunque oficialmente no se use reconocimiento facial.
Sin regulación específica, la línea entre seguridad y vigilancia permanente es cada vez más difusa.
Una inversión millonaria sin debate
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima que los ayuntamientos han gastado más de 260 millones de euros en contratos de videovigilancia desde 2023.
Muchos de estos contratos se aprobaron por la vía rápida, con escasa publicidad y casi sin discusión vecinal.
Expertos consultados sostienen que España está entrando en una “arquitectura de vigilancia blanda”: no agresiva, silenciosa, pero omnipresente.
Europa empieza a poner límites, España no
Mientras varios países endurecen las normas —Francia exige justificar cada cámara por escrito, Alemania obliga a auditorías anuales y Países Bajos limita el uso en escuelas—, España mantiene una legislación fragmentada, apoyada en interpretaciones amplias de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015.
El resultado: crecimiento récord sin barreras claras.
Fuente: European Data Protection Board (EDPB) – “Annual Report 2024”
