No habrá pleno los días festivos de todas las comunidades autónomas, desde febrero hasta junio; solo VOX vota en contra
El Congreso de los Diputados ha iniciado 2026 con dos medidas que han generado debate: un aumento salarial del 1,5% para sus miembros y la adaptación del calendario de plenos a los festivos autonómicos, lo que amplía efectivamente sus días libres en varios periodos del año.
Desde el pasado 1 de enero, los diputados ven incrementada su asignación constitucional base en un 1,5%, en línea con el incremento acordado para el conjunto del sector público en 2026.
Este porcentaje podría aumentar en un 0,5% adicional (consolidable) si la inflación (IPC) al cierre del año iguala o supera el 1,5%, tal como establece el decreto ley aprobado en el Pleno el 11 de diciembre de 2025.
El ajuste forma parte de las subidas retributivas pactadas con los sindicatos para funcionarios, que incluyen un 2,5% en 2025 (aplicado retroactivamente) y el 1,5% actual.
Demandas de partidos como Junts
Paralelamente, la Cámara Baja ha modificado su calendario de sesiones para evitar celebrar plenos en fechas festivas de las comunidades autónomas. Entre febrero y junio, se han reprogramado o suprimido sesiones coincidentes con celebraciones regionales.
Por ejemplo, no habrá pleno el 23 de abril (Día de Aragón y de Castilla y León), ni el 9 de junio (festivo en Murcia y La Rioja), trasladando las sesiones a los días 10 y 11 de junio en este último caso. El calendario también se ajustará si coinciden con elecciones autonómicas, como las previstas en Castilla y León el 15 de marzo o posiblemente en Andalucía en junio.
Esta medida responde a demandas de partidos como Junts, tras incidentes previos como la anulación de un pleno por la Diada catalana.
Solo VOX vota en contra
Para el segundo semestre, aún está pendiente decidir si se mantiene la política en fechas como el 8 de septiembre (Asturias y Extremadura) o el 17 de septiembre (Melilla).
La aprobación del decreto contó con el apoyo de la mayoría parlamentaria, aunque VOX votó en contra y el PP, que respaldó el texto, criticó la tramitación por decreto sin suficiente diálogo previo. El ministro Óscar López fue señalado por la oposición por la forma de aprobación.
