Ante la opacidad en torno al pacto de financiación singular; los inspectores creen que no ofrece objetivos claros respecto al futuro de la Agencia Tributaria
El pacto entre Cataluña y el Gobierno del Sanchismo para crear un nuevo modelo de financiación singular resulta «confuso, contradictorio y ambiguo» en opinión de los inspectores, en concreto de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Los inspectores denuncian la falta de información ante lo que consideran un paso más «hacia el fraccionamiento de la Agencia Tributaria (AEAT)». En términos de recursos, materiales y humanos, aún no se sabe cómo se llevará a cabo esta reforma del modelo tributario.
IHE, que representa a casi el 80% del colectivo de inspectores de Hacienda del Estado, insiste en que el documento presentado el pasado lunes «tiene una redacción muy confusa que da lugar a la ambigüedad».
Un camino sin retorno
Y ante la ausencia de explicaciones por parte de María Jesús Montero, piden, como apunta El Mundo, por primera vez la dimisión de la Ministra de Hacienda. La situación, como señala Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, es «gravísima, e inicia un camino sin retorno». Además, la Ministra estaría «despreciando» la necesidad de un análisis técnico del plan.
Esta revisión técnica del plan que demandan los inspectores no ha sido todavía presentada por el Gobierno o Cataluña. Se debe a una modificación del modelo de financiación «por la puerta de atrás» para lograr un tratamiento diferenciado «y por tanto, privilegiado» de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas.
Consecuencias muy graves
La propuesta de un modelo de financiación singular implica modificar el régimen tributario estatal, algo que se estaría estudiando sin consultar al resto de comunidades autónomas. Los inspectores reafirman que el modelo dinamita los principios de solidaridad y de la caja común. Ello conduce a una serie de «consecuencias muy graves» para los ciudadanos, tanto españoles como catalanes.
Por lo pronto la asociación considera que la propuesta para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) sea quien desarrolle la campaña de IRPF del año que viene perjudicará al resto de comunidades autónomas porque tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos estatales. Ello dará cabida a un sistema con «ciudadanos de primera y de segunda».
