Los magistrados consideran la ley mal planificada, sin medios suficientes y ajena a la realidad de los juzgados
Las asociaciones judiciales llevan meses alertando sobre un posible colapso judicial si el Gobierno mantiene el calendario de implementación de la tercera y última fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ley Bolaños. A pesar de las repetidas solicitudes de aplazamiento, el Ministerio de Justicia continúa con una reforma que los jueces consideran mal planificada, con recursos insuficientes y desconectada de la realidad de los tribunales.
La fase final de la Ley Bolaños y sus riesgos
La entrada en vigor de esta última fase, prevista para el 1 de enero, completará la instauración de los tribunales de instancia, una transformación estructural que modifica profundamente la organización judicial. Jueces de toda España han solicitado formalmente al Ministerio un retraso, argumentando que el sistema ya enfrenta un atasco histórico que se agravará sin un incremento previo de personal y medios.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia mantiene su calendario. Tras la reciente Conferencia Sectorial, el equipo del ministro Félix Bolaños ratificó que la fase final seguirá adelante el 31 de enero, con la creación de cerca de 100 tribunales de instancia en grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valladolid o Zaragoza.
Ajustes mínimos ante las protestas
Ante la presión de las asociaciones, el Ministerio ha ofrecido prórrogas limitadas, como en Oviedo y Gijón hasta el 15 de febrero, para ajustes técnicos. También se contemplan implantaciones progresivas en otros partidos judiciales, pero los jueces insisten en que los problemas son estructurales, no meramente técnicos.
Jueces advierten: la reforma no solucionará el colapso
Las asociaciones judiciales sostienen que la reforma no resolverá el atasco crónico de la justicia y que incluso lo puede empeorar si no se crean más plazas judiciales de inmediato. La falta de jueces y magistrados sigue siendo el principal obstáculo del sistema.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado el desinterés del Ministerio por los operadores jurídicos y la ausencia de evaluaciones de las fases previas. La APM reclama analizar las disfunciones detectadas, garantizar medios materiales y humanos suficientes y adaptar los reglamentos de gobierno de los tribunales.
Además, advierte que los complementos retributivos para las nuevas presidencias de tribunales son insuficientes frente al aumento de funciones y responsabilidades. Recomiendan eliminar progresivamente jueces sustitutos y suplentes en favor de una planta judicial profesional que refleje el volumen real de casos.
Críticas de otras asociaciones y sindicatos
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado el tono triunfalista del Ministerio, recordando que la disminución de demandas no justifica presentar la reforma como un éxito mientras persista la falta de jueces. La portavoz, Marien Ortega, advierte que sin planificación ni recursos, la nueva oficina judicial podría generar un colapso aún mayor.
El descontento también viene de 55 decanos y la Audiencia Nacional, que solicitaron formalmente aplazar la fase final. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncian que, un año después de la entrada en vigor de la ley, no se han adaptado los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, afectando especialmente a derechos fundamentales, distribución de trabajo y coordinación entre judicatura y oficina judicial.
Los sindicatos, como CSIF, señalan que la implantación se realiza de manera precipitada, lo que terminará afectando a los ciudadanos.
Juzgados de violencia sobre la mujer, los más afectados
Uno de los puntos más controvertidos es la gestión de los juzgados de violencia sobre la mujer, que asumirán todos los delitos sexuales. Más de un centenar de jueces especializados alertaron de un incremento mínimo del 20% en la carga de trabajo. La falta de medios técnicos y personal especializado podría generar retrasos en procesos sensibles y poner en riesgo la protección de las víctimas.
Reforma con inversión, pero riesgo real de colapso
El Ministerio asegura que la Ley Bolaños modernizará una justicia diseñada hace dos siglos, sustituyendo cerca de 4.000 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia con secciones especializadas y una oficina judicial única, financiada con 325 millones de euros de fondos europeos.
Sin embargo, para jueces, decanos y sindicatos, se trata de una reforma impuesta sin consenso, con recursos insuficientes y con alto riesgo de nuevo colapso judicial en España.
