Como presidenta balear, la socialista gastó 12,7 millones en mascarillas inútiles con Soluciones de Gestión y en una obra cancelada con Levantina
La presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, la socialista Francina Armengol, vuelve este martes a declarar ante la comisión de investigación del Senado por el ‘caso PSOE’ con el siguiente bagaje: pagó 12,7 millones de euros públicos a empresas relacionadas con la presunta trama criminal a cambio de mascarillas defectuosas y por obras que nunca concluyeron.
Por un lado, cuando Armengol detentaba el Gobierno de Baleares, adjudicó por 9 millones de euros las obras de una residencia de ancianos a Levantina, Ingeniería y Construcción, la empresa de José Ruz. Por otra parte, pagó 3,7 millones a la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, por mascarillas sanitarias defectuosas que jamás pudieron usarse.
Mascarillas fake de Aldama: escondidas en un almacén y certificación de su empresa como ‘fiable’
La Consejería de Sanidad de Armengol suscribió un contrato de emergencia por 3,7 millones de euros con la empresa de Aldama. El entonces director del Servicio Balear de Salud, Juli Fuster, adquirió «suministro de material sanitario y de protección individual para atender las necesidades de los profesionales sanitarios y de entidades sociales o privadas que no pueden prestar asistencia sanitaria sin este material».
El análisis realizado por el Centro Nacional de Medios de Protección determinó que las mascarillas que pagó Armengol con dinero público no ofrecían la capacidad de filtración necesaria para clasificarse como FFP2, por lo que no eran aptas para su uso por parte del personal sanitario.
A pesar del riesgo para la vida de quienes hubieran usado las mascarillas fake, el Ejecutivo balear de Armengol se limitó a esconderlas en un almacén e incluso emitió un certificado que respaldaba a Soluciones de Gestión como una empresa fiable dentro del sector público.
Además, el Gobierno de Armengol tampoco resolvió el contrato y sólo tres años después, cuando se convocaron elecciones autonómicas, se inició el procedimiento de reclamación.
La obra inacabada que Armengol adjudicó a Levantina
En febrero de 2022, la consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Armengol, Fina Santiago (Més), adjudicó a la empresa Levantina un contrato por 9.095.725 euros para construir en el complejo sanitario de Son Dureta (Palma) un centro de estancias prolongadas para mayores dependientes.
La chapuza fue de tal magnitud que el siguiente Ejecutivo liderado por Marga Prohens tuvo que anular el acuerdo. El documento que recoge la cancelación del contrato, al que accedió El Confidencial, detalla múltiples problemas relacionados con la adjudicación realizada por la dirigente socialista, que actualmente detenta la presidencia del Congreso.
La construcción, aún sin finalizar, debía estar concluida en septiembre de 2023, pero Levantina pidió prórrogas sucesivas durante meses, justificándose con razones como el robo de materiales, la guerra en Ucrania o la dificultad para contratar mano de obra suficiente para continuar los trabajos.
Además, la empresa argumentó tener una deuda con proveedores por valor de 1.691.922 euros, carecer de liquidez para pagar a las subcontratas y que el volumen de obra pendiente ascendía a 2.738.688 euros, lo que representa un 38,31% del total adjudicado.
