El criminal beneficiado por la ley del Gobierno PSOE-Podemos perpetró una violación, otra frustrada y tres agresiones sexuales
El violador reincidente que responde a las unciales, P.G.A., obtiene en Lugo la libertad vigilada tras recibir una reducción de condena en aplicación de la conocida, como “Ley del sólo sí es sí”, vendida en su momento como ‘feminista’ por el Gobierno de coalición socialcomunista y sus cómplices mediáticos subvencionados.
El ahora ex convicto, recuerda ‘La Razón’, sembró el terror entre las mujeres de Lugo entre 2013 y 2015. Tras su captura y procesamiento, el criminal recibió una sentencia de 12 años de cárcel por una violación, un intento frustrado y tres agresiones sexuales.
Reducción de sus penas de violación y de tentativa de violación
No obstante, tras la revisión de su condena en virtud de la ley del Gobierno de Sánchez y sus cómplices de extrema izquierda, el violador ha cumplido únicamente 9 años de reclusión de la pena de 12.
En concreto, la revisión de pena del depredador sexual implicó una reducción de la pena por violación, pasando de seis a cuatro años, y de la tentativa, que ha bajado de tres a dos años. Sin embargo, las condenas por los tres delitos de agresión sexual se han mantenido sin cambios.
Se le prohíbe al violador reincidente volver a Lugo durante 10 años, no al resto de ciudades
Entre las medidas impuestas en su libertad vigilada, se le prohíbe acercarse a Lugo durante la próxima década y deberá portar una pulsera electrónica para su geolocalización constante. Asimismo, no podrá aproximarse a menos de 500 metros del domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio frecuentado por la víctima de la violación consumada.
Según informa ‘El Progreso’ de Lugo, el criminal inició un tratamiento con el Servicio Gallego de Salud (Sergas) en 2012, cuando ya había cometido su primera agresión, un patrón de conducta que, con el tiempo, escaló hasta la consumación de una violación en noviembre de 2015.
‘Rendimiento intelectual deficitario’ del violador reincidente
Los jueces han basado la reducción de la condena en informes médicos elaborados por psiquiatras y forenses, los cuales concluyen que el agresor presenta un “rendimiento intelectual deficitario” que afecta al control de sus impulsos. No obstante, también determinan que era plenamente consciente de sus actos y, por tanto, imputable penalmente.
