Los cabecillas acaparaban el mercado con precios muy rebajados, canalizaron sus ganancias en 280 cuentas bancarias y compraron 146 inmuebles
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, por orden de un juzgado de Málaga, en el marco de la operación Backmobile, han desarticulado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.
Han sido detenidas 15 personas en Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona. Se intervinieron 9.000 dispositivos, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos. Hasta el momento, se bloquearon 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias.
Nueve registros y cinco detenidos en Málaga
Según la nota de Interior, a finales de mayo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga, se han practicado 23 registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares en toda España: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la provincia de Valencia, tres en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Cádiz y dos en la provincia de Barcelona.
Acaparaban el mercado con móviles muy rebajados
La aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA permitió a la organización realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, posibilitando el acaparamiento de los mercados.
La organización ideó un sistema en el que simulaba las reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería. En lugar de los dispositivos, los paquetes se rellenaban de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.
Defraudando el IVA desde 2019
La investigación se centró en la actividad que venía operando desde 2019 la organización criminal, sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por toda España, compuesto por más de 20 sociedades mercantiles (incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil).
Esta estructura, que se diseñó para evadir el pago del IVA, se basaba en el aprovisionamiento de teléfonos importados y en compras en grandes superficies aprovechando promociones.
Para la comercialización posterior, la organización llevaba a cabo una concatenación de reventas, al objeto de dificultar la trazabilidad de la mercancía.
En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados tanto en territorio nacional –aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) –, como en otros estados europeos a través de plataformas de comercio electrónico.
Compraban inmuebles con los beneficios del fraude del IVA
El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros y, cuando se realizó un análisis económico patrimonial, los investigadores descubrieron que sus líderes dedicaban la mayor parte de los beneficios a la adquisición de inmuebles por toda España.
