Promesas de “borrar” o “limpiar” antecedentes penales en el país de origen, algo imposible legalmente y que solo se logra mediante falsificaciones
La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España, que permitirá regularizar a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia irregular antes del 31 de diciembre de 2025, ha abierto una lucrativa vía de negocio para mafias organizadas. Según un reportaje publicado por el diario ABC, estos grupos criminales explotan la necesidad de documentos clave, especialmente el certificado de antecedentes penales, para estafar a miles de personas en situación vulnerable.
El pacto entre PSOE y Podemos, escenificado en el Consejo de Ministros del 27 de enero, ha desatado una oleada de anuncios fraudulentos en plataformas de alta difusión como Milanuncios, Wallapop y canales de Telegram. Personas que se presentan como “bufetes especializados en extranjería” o “gestores expertos” ofrecen agilizar trámites a cambio de pagos que rara vez bajan de los 400 euros, según fuentes policiales consultadas por el medio.
Borrado de antecedentes penales
El gancho principal: promesas de “borrar” o “limpiar” antecedentes penales en el país de origen, algo imposible legalmente y que solo se logra mediante falsificaciones.
Sindicatos policiales han alertado del alto riesgo de fraude en estos certificados extranjeros, documentos sin las medidas de seguridad avanzadas de un pasaporte o DNI, lo que facilita su manipulación.
Las mafias camuflan perfiles falsos con logotipos profesionales, reseñas inventadas y promesas de “contactos en consulados” para captar víctimas desesperadas por obtener la autorización de residencia y trabajo.
La cara oculta de este mercado negro
El reportaje, firmado por David Loji, subraya que esta “cara oculta” convierte un proceso humanitario en un mercado negro que perjudica especialmente a inmigrantes de América Latina, África y Europa del Este.
Fuentes de Interior advierten de que las estafas no solo vacían bolsillos, sino que pueden complicar aún más la regularización al presentar documentación falsa ante la Administración.
Expertos consultados coinciden en que el fenómeno se intensificará en los próximos meses mientras se desarrolla el proceso de regularización masiva. Las autoridades recomiendan verificar siempre la legitimidad de los gestores a través de colegios de abogados oficiales y evitar pagos por adelantado en plataformas no reguladas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha emitido aún una respuesta oficial al respecto, aunque sindicatos policiales exigen mayor vigilancia en fronteras digitales y consulados para cortar de raíz estas redes delictivas.
