Óscar San Juan, mano derecha del ex DAO José Ángel González, fue cesado tras ser señalado en la querella presentada por una inspectora de Policía
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha designado al comisario Óscar San Juan como alto cargo en la Policía Científica, pese a su implicación en el escándalo de la presunta agresión sexual del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.
Según una exclusiva publicada por OkDiario, San Juan, hasta hace poco mano derecha del ex DAO José Ángel González, fue cesado temporalmente tras ser señalado en la querella presentada por una inspectora de Policía, quien acusa a González de violación con penetración el 23 de abril de 2025.
La denunciante afirma que San Juan, presente en la comida con el DAO ese mismo día, ejerció presiones y coacciones para que no denunciara los hechos, intentando “tapar la boca” a la víctima mediante ofertas de destinos o manipulaciones psicológicas.
Óscar San Juan, protegido de Marlaska
Aunque el Ministerio del Interior abrió una información reservada contra San Juan por estos hechos y lo relevó inicialmente de sus funciones en la cúpula operativa, ahora lo ha recolocado en un puesto relevante dentro de la Policía Científica, lo que ha generado críticas por aparente protección a un mando salpicado por el caso.
El escándalo estalló a mediados de febrero de 2026, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admitió a trámite la querella contra González, citándolo a declarar el 17 de marzo.
El ex DAO dimitió de forma inmediata para “salvaguardar el prestigio” de la institución, tras años como hombre de máxima confianza de Marlaska. Fuentes policiales y medios han destacado la cercanía entre González y San Juan —apodado en el cuerpo como “mini-DAO”—, y cuestionan si hubo intentos de encubrimiento en el entorno del número dos policial.
Acusaciones de opacidad contra Marlaska
Marlaska ha defendido que desconocía la denuncia hasta que trascendió públicamente y prometió dimitir si la víctima consideraba que no había sido protegida. Sin embargo, la recolocación de San Juan ha avivado las acusaciones de opacidad y favoritismo en la gestión de la crisis, que ha fracturado la cúpula de la Policía Nacional y puesto en entredicho la “limpieza” prometida por el ministro desde 2018.
El caso sigue bajo investigación judicial, con pruebas como mensajes, audios y partes médicos aportados por la querellante, mientras la oposición exige responsabilidades políticas más contundentes.
