La regularización masiva impulsada por el Gobierno español empieza a tener efectos más allá de nuestras fronteras. Marruecos ha decidido intervenir directamente para agilizar uno de los trámites clave que exige España a los inmigrantes ilegales que quieren beneficiarse del proceso: el certificado de buena conducta. Una decisión que llega en pleno colapso consular y que confirma hasta qué punto el plan del Ejecutivo ha activado un movimiento administrativo, social y migratorio a gran escala.
El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí ha iniciado una reordenación interna de sus procedimientos para acelerar tanto la validación de poderes notariales como la emisión de estos certificados, documentos imprescindibles para poder acogerse a la regularización abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Rabat responde a la presión generada por la regularización
Desde Rabat se habla abiertamente de “simplificar circuitos administrativos” y reducir los tiempos de espera en consulados y oficinas competentes. El objetivo oficial es evitar el colapso de unos servicios que, en las últimas semanas, se han visto desbordados por una avalancha de solicitudes.
La razón es evidente: el proceso de regularización en España ha generado una demanda masiva de documentación entre inmigrantes ilegales que ahora ven una oportunidad real de legalizar su situación. Marruecos, consciente de esta presión, ha optado por adaptar su maquinaria administrativa para no convertirse en el cuello de botella del proceso.
Certificados clave para acceder a los papeles en España
El certificado de buena conducta es uno de los requisitos esenciales exigidos por las autoridades españolas. Acredita la ausencia de antecedentes penales en el país de origen y se ha convertido en una pieza central del expediente de regularización.
Hasta ahora, la obtención de este documento era lenta, compleja y, en muchos casos, desesperante. Las demoras, la saturación de citas y la falta de información clara habían provocado un embudo administrativo que afectaba a miles de solicitantes.
La decisión de Marruecos busca precisamente agilizar este punto crítico y facilitar que sus nacionales puedan completar el proceso dentro de los plazos marcados por España.
Un caldo de cultivo perfecto para las mafias
El contexto ha terminado alimentando un fenómeno paralelo: el negocio de los intermediarios. Redes que se aprovechan de la urgencia, el desconocimiento y la falta de alternativas para cobrar por gestiones, citas o supuestos atajos administrativos.
Muchos inmigrantes reconocen que, ante la dificultad de conseguir una cita o presentar correctamente la documentación, se ven empujados a pagar. Retrasos prolongados, exigencias económicas abusivas y promesas dudosas forman parte de un sistema que florece cuando la demanda se dispara y la administración no da abasto.
La agilización anunciada por Marruecos pretende aliviar esta presión, pero no elimina el problema de fondo.
Una decisión política con efectos en cadena
La regularización masiva no es un trámite aislado. Es una decisión política que genera efectos en cadena: colapso consular, presión sobre sistemas administrativos extranjeros, aparición de economías paralelas y un aumento evidente de expectativas migratorias.
Desde Marruecos se actúa para responder a una realidad creada en España. Desde el Gobierno español se asume el impacto sin ofrecer, por ahora, una solución estructural a medio y largo plazo.
La inmigración ilegal y el foco en Canarias
Todo este proceso se produce en un contexto de fuerte presión migratoria, especialmente visible en Canarias, donde la llegada de inmigrantes ilegales continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales y políticas.
La agilización de trámites desde Marruecos refuerza la percepción de que la regularización no solo ordena una situación existente, sino que envía un mensaje claro al otro lado del Estrecho: ahora es más fácil cumplir los requisitos.
Un escenario que trasciende lo administrativo
Más allá de los papeles, lo que está en juego es el modelo migratorio. Marruecos ha decidido facilitar el acceso a la documentación que España exige. El Gobierno español ha decidido asumir los costes administrativos y sociales de una regularización de gran alcance.
Entre ambos movimientos, miles de inmigrantes ven una oportunidad histórica para legalizar su situación. Y el sistema, tensionado, trata de adaptarse a una demanda que no deja de crecer.
