Amenaza a la identidad de España: VOX señala que esta enseñanza pone en riesgo la cultura nacional y es contraria a la integración del alumnado marroquí
España vive en un contexto de crecientes tensiones migratorias y debates sobre la soberanía cultural. Y en estas, el Gobierno catalán ha permitido que el Reino de Marruecos financie y dicte clases de lengua árabe y cultura marroquí a casi 2.000 alumnos en escuelas de Cataluña durante el curso 2025-2026.
Este programa, conocido como Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM), no solo representa una injerencia extranjera en el sistema educativo español, sino que también alimenta preocupaciones sobre la segregación cultural y la falta de integración de la población inmigrante.
Mientras el independentismo catalán sigue erosionando la unidad nacional, esta iniciativa pagada por un país extranjero plantea serias dudas sobre quién controla realmente la educación en España.
El Programa LACM
El LACM es un acuerdo intergubernamental entre España y Marruecos, vigente desde 2009, que permite a alumnos de origen marroquí «salvaguardar su identidad cultural» mediante clases de árabe clásico, historia, civilización y tradiciones marroquíes.
Según datos revelados por la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de VOX Manuel Acosta, este curso hay inscritos 1.996 estudiantes: 1.890 en modalidad extraescolar y 106 integrados en el horario lectivo. Estas clases son impartidas por 32 profesores funcionarios del Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, destinados a Cataluña por un máximo de cinco años.
Fundación Hassan II
Lo más alarmante es la financiación: las retribuciones salariales de estos docentes corren íntegramente a cargo del Estado marroquí, a través de la Fundación Hassan II.
La Generalitat solo aporta una ridícula partida de 3.200 euros anuales para material escolar básico (100 euros por profesor). Esto significa que Marruecos no solo paga los sueldos, sino que también selecciona y envía a sus propios funcionarios para enseñar en suelo español.
Ante ellos, muchos se hacen un planteamiento muy claro: ¿Es esto educación o propaganda cultural financiada por un régimen extranjero? Los centros educativos interesados deben solicitar el programa en el tercer trimestre anterior, y la selección depende de los servicios territoriales de Educación, pero el Govern se niega a revelar el listado de escuelas participantes, alegando protección de datos y evitando «dinámicas de segregación escolar». Esta opacidad solo aumenta las sospechas de favoritismos y falta de transparencia.
Comunicación oral y escrita en árabe
El contenido curricular, establecido por el Ministerio de Educación español y la Embajada de Marruecos, incluye competencias en comunicación oral y escrita en árabe, junto con nociones de historia y tradiciones marroquíes.
Se utilizan materiales digitales elaborados en colaboración con docentes catalanes, las Escuelas Oficiales de Idiomas y la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sin embargo, críticos argumentan que este enfoque prioriza la preservación de una identidad extranjera sobre la integración en la sociedad española, fomentando divisiones en lugar de unidad.
VOX lidera la denuncia
VOX califica el programa como un riesgo directo para la cultura nacional. El diputado Manuel Acosta, en su pregunta escrita al Parlamento de Cataluña, exigió explicaciones sobre el desarrollo, financiación y alcance del LACM, destacando que «este tipo de enseñanza pone en riesgo la cultura nacional y va en contra de la integración del alumnado procedente de Marruecos».
VOX sostiene que, ante el crecimiento demográfico de la población marroquí en Cataluña, donde miles de inmigrantes llegan anualmente a través de rutas irregulares, las administraciones deberían promover la adaptación a la cultura española en lugar de financiar lo que llaman «segregación cultural».
En un panorama donde Cataluña ya lidia con tensiones independentistas y una inmigración descontrolada, programas como este se perciben como una cesión de soberanía. De hecho, iniciativas similares en otros países europeos han llevado a guetos culturales y problemas de radicalización, algo que España no puede permitirse en tiempos de inestabilidad global.
Inmigración y soberanía en juego
Cataluña es una de las regiones con mayor presencia de inmigrantes marroquíes en España, con comunidades que superan las 200.000 personas según datos del INE. Este flujo migratorio, a menudo irregular, ha generado debates sobre la integración y el multiculturalismo forzado.
El LACM, al enfocarse exclusivamente en alumnos de origen marroquí, parece ignorar la necesidad de una educación unificadora que priorice el español y el catalán como lenguas vehiculares, en línea con la Constitución Española.
Además, este programa se enmarca en un patrón de acuerdos con Marruecos que incluyen cooperación en control migratorio, pero que críticos ven como concesiones unilaterales.
Retórica progresistas
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una política de puertas abiertas, la Generalitat –bajo el mando de ERC y PSC– parece más interesada en alianzas internacionales que en defender la identidad nacional. ¿Cuánto más cederemos? Vox y otros sectores conservadores exigen una auditoría inmediata y la suspensión de programas que no promuevan la integración plena.
La consejera Niubó defiende el LACM como una herramienta para «fomentar la inclusión escolar y sociocultural mediante valores de tolerancia y respeto intercultural».
Sin embargo, esta retórica progresista choca con la realidad: en un momento en que las escuelas catalanas luchan por recursos para enseñar historia española o valores constitucionales, destinar espacios a contenidos extranjeros pagados por terceros parece una prioridad invertida.
España sufre una erosión cultural
Este caso del LACM no es solo una anécdota educativa; es un síntoma de la erosión cultural que sufre España bajo gobiernos de izquierda. Educadores instan al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de Sánchez a revisar estos acuerdos, priorizando la soberanía educativa y la integración real.
Si VOX logra impulsar una investigación, podría marcar un punto de inflexión. Mientras tanto, los padres y ciudadanos deben exigir transparencia y planearse en qué escuelas se imparten estas clases. Además, sobre qué controles hay sobre los contenidos. La respuesta del Govern, hasta ahora, ha sido el silencio y la excusa.
