Su avance descontrolado, impulsado por la inacción política y legislación que favorece al delincuente, sume a miles de propietarios en una pesadilla judicial
La okupación ilegal de viviendas se ha consolidado como una de las principales amenazas a la propiedad privada y a la seguridad ciudadana en España. Ya afecta a más de 100.000 hogares en todo el territorio nacional, según datos recopilados por La Gaceta.
Este avance descontrolado, impulsado por la inacción política y una legislación que favorece al delincuente, sume a miles de propietarios en una pesadilla judicial y económica.
El problema se ha agravado de manera crítica tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno. Tal y como denuncia La Gaceta, esta normativa no solo no ha solucionado el problema de acceso a la vivienda, sino que ha blindado aún más a los ocupantes ilegales.
La ley dificulta los desalojos rápidos, exige trámites complejos a los grandes tenedores (aunque cada vez afecta más a pequeños propietarios) y convierte el proceso de recuperación de un inmueble en una odisea de meses, o incluso años. Los críticos señalan que el Gobierno, al negarse a derogar esta ley, es cómplice de hecho del auge de la ocupación.
Inseguridad e inmigración ilegal
Más allá del daño a la propiedad, el fenómeno de la okupación está intrínsecamente ligado al aumento de la inseguridad y el incivismo. Un porcentaje significativo de los inmuebles ocupados, especialmente en barrios degradados, es utilizado por redes criminales o se convierte en foco de tráfico de drogas, altercados y problemas de convivencia para los vecinos legítimos.
Un factor señalado por diversos informes es la creciente presencia de inmigración ilegal entre los grupos que se dedican a la ocupación.
La falta de control en las fronteras y la incapacidad para gestionar el flujo migratorio ha generado una bolsa de población sin arraigo ni documentación que, en ocasiones, recurre a la ocupación como vía rápida para conseguir un techo, aprovechándose de la laxa legislación española.
Geografía de la pesadilla
El avance de esta lacra no es uniforme. Las comunidades autónomas con una mayor concentración de población y un alto precio de la vivienda son las más castigadas. Las zonas donde la okupación de viviendas es más prevalente son:
- Cataluña: A la cabeza de las estadísticas con amplios focos en Barcelona y su área metropolitana.
- Andalucía: Con especial incidencia en las grandes capitales.
- Comunidad Valenciana: Particularmente en la costa y las zonas turísticas.
- Comunidad de Madrid: Con un problema creciente en la periferia de la capital.
Por todo ello, mientras el Gobierno siga priorizando la ideología sobre la defensa de la propiedad y la seguridad, ofreciendo como única solución la promesa de una vivienda social que nunca llega, la cifra de más de 100.000 hogares ocupados seguirá creciendo, erosionando la confianza en el Estado de Derecho.
Un calvario judicial
Por otro lado, el problema de la okupación en España no es solo un déficit de seguridad o de voluntad política, sino un profundo agujero en la eficiencia de la justicia. Los propietarios, ya sean pequeños o grandes, se enfrentan a un calvario judicial cuyo tiempo medio de resolución ha escalado a cifras récord.
Según datos recientes, el plazo promedio para que un propietario obtenga una sentencia firme que le permita desalojar a un ocupante ilegal en España se sitúa en torno a los 24 meses.
Esta cifra resulta de sumar el tiempo que tarda el procedimiento en los Juzgados de Primera Instancia más el periodo de apelación en las Audiencias Provinciales.
Este récord, al alza, contrasta drásticamente con la situación de hace pocos años. En 2018, el promedio del proceso judicial se situaba en torno a los 4,9 meses, lo que evidencia el rápido deterioro de la capacidad de respuesta del sistema legal ante este delito.
Variaciones geográficas y vías legales
Aunque la media nacional es de dos años, existen grandes diferencias regionales que reflejan el colapso judicial en ciertas zonas:
- Comunidades más lentas: Regiones como Castilla y León (con procesos que pueden acercarse a los 36 meses) y Murcia (27 meses) se encuentran a la cabeza de la lentitud.
- Comunidades «más rápidas»: En el lado opuesto, comunidades como Navarra y Aragón registran plazos más cortos, aunque siguen siendo prolongados (entre 13 y 14 meses).
Es crucial diferenciar el tipo de delito, ya que el tiempo de desalojo depende enteramente de la catalogación legal:
- Allanamiento de Morada: Ocurre si la okupación es en la vivienda habitual del propietario. En este caso, la policía puede actuar de manera casi inmediata, a veces en horas, ya que se trata de un delito penal grave.
- Usurpación de Inmueble: Ocurre si la okupación es en una segunda residencia o en una vivienda vacía (el caso más común). Aquí, la policía requiere una orden judicial, y es donde el proceso se estanca en los tribunales por meses o años.
La solución aislada de las 48 horas
Existe el mito de que «si no se actúa en 48 horas, ya no se puede hacer nada». Esto no es cierto legalmente, pero encierra una verdad práctica. Si la okupación no se detiene en las primeras horas (cuando la policía puede catalogarla como delito flagrante de allanamiento), el propietario es automáticamente derivado a la lentitud del proceso judicial por usurpación, asumiendo el riesgo de perder el control de su propiedad durante dos años.
Este panorama judicial es lo que ha provocado la proliferación de empresas de desocupación extrajudicial que, operando al borde de la ley, ofrecen desalojos en 48 horas, una alternativa desesperada ante la ineficacia del Estado.
