La recopilación ha sido elaborada por la asociación ‘Alianza contra el Borrado de las Mujeres’
En España, más de un centenar de personas con antecedentes penales han realizado cambios de sexo en el Registro Civil desde la entrada en vigor de la ley trans impulsada por la exministra de Igualdad, Irene Montero. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha documentado públicamente estos casos, alertando sobre el impacto de la autodeterminación registral del sexo en las protecciones legales basadas en la categoría de sexo.
El informe elaborado por esta organización feminista recopila más de 100 episodios en los que personas condenadas por delitos graves —como maltrato, feminicidio o explotación sexual de menores— han utilizado la normativa para modificar su sexo legal. Los casos se presentan en un mapa interactivo que muestra la distribución de estos cambios por distintas ciudades de España y que se basa en información publicada en medios de comunicación.
La Alianza advierte que el número real de casos podría ser superior, ya que los registros solo incluyen situaciones difundidas públicamente. Además, critican la falta de transparencia institucional para ofrecer datos oficiales que permitan evaluar el verdadero alcance de la ley.
Riesgos de la ley trans y la autodeterminación del sexo
La ley aprobada bajo el mandato de Irene Montero permite modificar el sexo registral sin necesidad de informes médicos ni psicológicos. Durante su tramitación, diversos colectivos feministas alertaron sobre los posibles riesgos para las políticas de igualdad y para la protección de víctimas basada en el sexo legal.
Entre los casos más conocidos:
- Sevilla, 2023: un hombre condenado a 15 meses de prisión por maltrato a su expareja solicitó el cambio de sexo en el Registro Civil.
- Torrelodones: un aspirante a la Policía Local modificó su sexo registral y logró la mejor calificación en las pruebas físicas para acceder a una de las plazas convocadas.
- San Sebastián, 18 de agosto: un agente de la Ertzaintza que había cambiado su nombre y sexo registral intentó asesinar a su esposa frente a sus hijas.
Estos episodios, según la Alianza, evidencian una de las principales deficiencias del procedimiento actual: no se realiza una comprobación de antecedentes penales antes de aprobar el cambio de sexo.
Impacto en la protección a mujeres víctimas de violencia
La organización alerta que esta situación puede afectar la aplicación de políticas públicas y retrasar mecanismos de protección previstos en la legislación contra la violencia de género. Mujeres víctimas de maltrato podrían ver comprometidas las medidas diseñadas para su seguridad.
A pesar de las advertencias, la ley se aprobó en 2023. Durante su primer año, el Portal de Transparencia registró 5.139 cambios de sexo, cifra cuatro veces mayor que en 2022. Dos años después, la Alianza solicitó nuevamente los datos actualizados, pero desde el portal indicaron que no existe una sistematización en la recopilación de esta información.
Para el colectivo feminista, esta falta de datos evidencia la ausencia de voluntad institucional para evaluar las consecuencias de una normativa que, a su juicio, ha generado nuevos conflictos dentro de la legislación española de igualdad.
