Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana, pero su adiós no será precisamente austero. Según el Estatuto de los Expresidentes de la Comunidad Valenciana, el dirigente del PP podrá seguir cobrando 86.862 euros brutos anuales, contar con dos asesores y un chófer a su servicio.
En otras palabras: dimite, pero no se va.
Un “retiro institucional” con sueldo público
El artículo 4 del Estatuto lo deja claro: todo expresidente de la Generalitat pasa a ser miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, un órgano asesor del Gobierno autonómico.
El cargo tiene una retribución anual de 86.862,36 euros, según el portal de transparencia, casi igual que su sueldo como presidente (91.398 euros).
Además, los expresidentes disponen de una oficina propia con dos empleados “de confianza” y un conductor.
Todo ello, a cargo de los Presupuestos de la Generalitat.
Una dimisión que podría salir a cuenta
La ley autonómica establece que, si el presidente no ha completado una legislatura completa, su puesto en el Consejo Jurídico se mantendrá por un periodo igual al tiempo ejercido en el cargo, con un mínimo de dos años.
En el caso de Mazón, eso significa que podría cobrar hasta 173.724 euros brutos en total (dos años de sueldo íntegro) sin haber completado su mandato.
Y solo perdería el privilegio si aceptara un puesto “incompatible” en otra institución pública o empresa.
💬 “He cometido errores y pido perdón. Pero nunca actué con mala fe”, dijo Mazón en su despedida.
Una frase que no ha servido para acallar la indignación ciudadana tras conocerse el detalle de sus beneficios postdimisión.
Oficina, chófer y asesores “de confianza”
El Estatuto, en su artículo 3, especifica que cada expresidente contará con “una oficina de apoyo dotada con los medios necesarios, incluyendo dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor”.
Estos cargos dependen orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat, pero son elegidos directamente por el expresidente.
Es decir: Mazón podrá designar a sus dos asesores de confianza y disponer de un chófer durante el tiempo que dure su etapa en el Consejo Jurídico.
La letra pequeña del privilegio
El Consejo Jurídico Consultivo (CJC) es el máximo órgano de asesoramiento legal de la Generalitat Valenciana.
Entre sus miembros figuran juristas y antiguos altos cargos que, en la práctica, mantienen un sueldo público elevado sin funciones ejecutivas claras.
El acceso automático de los expresidentes ha sido cuestionado en varias ocasiones por partidos como Compromís y Vox, que han denunciado el sistema como “una jubilación dorada encubierta”.
Sin embargo, ningún gobierno autonómico lo ha modificado.
Indignación en redes: “Dimite… pero sigue cobrando”
En cuestión de horas, la noticia se convirtió en tendencia en X (Twitter).
Miles de usuarios criticaron el privilegio, recordando las palabras de Mazón al asumir el cargo: “Vengo a servir, no a servirme.”
Comentarios como “se va cobrando más que nunca”, “otro político premiado por dimitir” o “esto no pasa ni en Netflix” marcaron la conversación digital del día.
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Mazón, entre la culpa y el privilegio
Durante su comparecencia, Mazón reconoció haber cometido errores durante la gestión de la DANA que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana.
“Voy a vivir con ellos toda mi vida”, dijo visiblemente emocionado.
Pero la polémica en torno a su indemnización pública amenaza con empañar cualquier intento de redención política.
Mientras tanto, su futuro parece asegurado: sueldo de 86.862 euros, oficina propia y coche oficial.
No está nada mal para quien dice haberse ido “por responsabilidad”.
Una práctica con larga tradición
Mazón no es el único. Otros expresidentes autonómicos —como Ximo Puig o Francisco Camps— también mantienen derechos similares tras dejar el cargo.
Ninguno ha renunciado a los beneficios que les otorga el Estatuto.
La polémica se repite cada vez que un mandatario dimite, pero el marco legal sigue intacto desde hace más de 20 años.
