El gobierno italiano ha aprobado un proyecto de ley compuesto por 18 artículos que endurece de forma significativa el control de la inmigración ilegal
El Gobierno de Giorgia Meloni dio un paso firme este miércoles en su estrategia migratoria. El Consejo de Ministros aprobó un ambicioso proyecto de ley compuesto por 18 artículos que endurece significativamente el control de la inmigración irregular, permite prohibir temporalmente el acceso a aguas territoriales y busca activar plenamente el Plan Albania, cuyos centros permanecen en gran parte vacíos pese a la inversión pública.
El regreso del “bloqueo naval”
La iniciativa revive una medida recurrente en Italia ante picos de presión migratoria: el llamado bloqueo naval. En términos legales, esta herramienta permite al Ejecutivo impedir temporalmente que embarcaciones —incluidas las de ONG— crucen las aguas territoriales italianas cuando se considere que existe una amenaza grave para la seguridad nacional o el orden público.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, resumió la postura del Gobierno: “Los confines de Italia son los confines de Europa. Defenderlos es un deber”. La idea central es clara: si el Mediterráneo funciona como frontera externa de la Unión Europea, Italia necesita mecanismos más sólidos para reducir llegadas, acelerar procedimientos y contrarrestar el efecto llamada, especialmente de embarcaciones humanitarias.
Restricciones temporales y sanciones severas
El proyecto de ley otorga al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Interior, la facultad de prohibir durante 30 días —prorrogables hasta seis meses— el acceso a aguas territoriales en cuatro supuestos:
- Riesgo concreto de terrorismo.
- Presión migratoria excepcional que comprometa la gestión segura de fronteras.
- Emergencias sanitarias internacionales.
- Grandes eventos que requieran medidas extraordinarias de seguridad.
Además, introduce un régimen sancionador contundente: embarcaciones que ignoren la prohibición podrían recibir multas de 10.000 a 50.000 euros. La responsabilidad recaería no solo sobre el capitán, sino también sobre armadores y propietarios. En casos de reincidencia, se contempla la confiscación de la embarcación. Según el Ejecutivo, estas medidas buscan disuadir intentos de entrada irregular.
Trámites migratorios fuera de Italia
La reforma también apunta a trasladar parte de la gestión migratoria fuera del país. Se prevé la posibilidad de enviar a inmigrantes interceptados hacia terceros países con acuerdos de asistencia, acogida o retención, con supervisión de organizaciones internacionales especializadas en asilo e inmigración.
En este sentido, Albania podría convertirse en una plataforma externa para tramitar solicitudes de protección y gestionar retornos sin necesidad de que los migrantes pisen territorio italiano.
Limitación de recursos y agilización de procedimientos
El proyecto restringe los recursos legales frente a resoluciones negativas de protección internacional. Las impugnaciones se limitarían a cuestiones de legalidad, y la presentación del recurso no bloquearía automáticamente traslados a terceros países ni ciertas formas de retención. El Gobierno asegura que el objetivo es agilizar los procedimientos y reducir retrasos.
Expulsiones más amplias y control en centros de retención
Se amplían los supuestos para la expulsión, incluyendo ciudadanos comunitarios condenados por delitos graves como violencia, resistencia a la autoridad o amenazas a funcionarios. También se prevé la expulsión por disturbios en centros de retención.
En los CPR (Centros de Permanencia para Repatriación), se endurecen las normas internas:
- Prohibición de grabaciones sin autorización.
- Uso de teléfonos móviles solo en horarios y lugares específicos, bajo supervisión del personal.
El Gobierno justifica estas medidas como una forma de mantener el orden interno, mientras que organizaciones de derechos humanos alertan sobre un endurecimiento excesivo de la retención.
