El delegado del Gobierno carga contra Ayuso por la gestión de los menores migrantes
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha exigido a la Comunidad de Madrid que revise y refuerce la atención a los menores migrantes alojados en los centros de primera acogida.
Según el representante del Ejecutivo central, el sistema autonómico “debe mejorar los protocolos de acogida y protección”, especialmente ante el aumento de llegadas de menores extranjeros no acompañados (MENAS).
La declaración ha generado malestar en el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que recuerda que la Comunidad de Madrid es una de las pocas que ha cumplido sus compromisos de acogida pese a la falta de apoyo económico y logístico del Ministerio de Derechos Sociales.
El Gobierno exige, pero no asume su responsabilidad
El mensaje del delegado contrasta con la actitud del Ejecutivo de Sánchez, que sigue sin aclarar el destino de los menas trasladados desde Canarias a la Península.
Tal y como reveló La Bandera, el propio Gobierno reconoció que seguirá ocultando su ubicación por “motivos de seguridad”, lo que impide fiscalizar el uso de fondos públicos y conocer la situación real de los menores.
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Mientras tanto, el delegado en Madrid exige a Ayuso que “refuerce los medios humanos y materiales” de unos centros que ya están saturados por la llegada continua de inmigrantes irregulares menores de edad.
Centros colapsados y denuncias de inseguridad
Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales explican que los centros de primera acogida están desbordados, especialmente los ubicados en Hortaleza y Carabanchel, donde conviven menores en riesgo con jóvenes reincidentes que protagonizan altercados casi a diario.
La policía local y los vecinos han denunciado en varias ocasiones robos, peleas y fugas de internos, mientras las ONG contratadas para su gestión admiten falta de personal, recursos y control.
Aun así, el Gobierno central traslada más menores desde otras regiones sin aumentar la financiación, obligando a las comunidades a asumir el coste.
Un modelo que premia la improvisación
El modelo de acogida de menores migrantes en España lleva años marcado por la improvisación, la opacidad y la falta de coordinación.
La llegada de miles de menores desde África, especialmente a través de Canarias y Ceuta, ha saturado el sistema de atención y ha generado tensiones entre comunidades autónomas.
Madrid, Andalucía y Castilla y León han advertido reiteradamente al Ejecutivo de que el reparto forzoso de menores sin un plan ni recursos es inviable e injusto.
Sin embargo, el Gobierno prefiere culpar a las autonomías en lugar de asumir su responsabilidad y reforzar la seguridad en las fronteras.
El contraste con Canarias y Navarra
Mientras Madrid recibe críticas por parte del delegado del Gobierno, Canarias sigue desbordada, con más de 5.000 menores bajo tutela y una situación que las autoridades locales califican de “insostenible”.
En paralelo, comunidades gobernadas por el PSOE, como Navarra, apenas han acogido a un puñado de menores, pese a que cuentan con recursos públicos mucho mayores.
“Piden solidaridad, pero solo para los demás”, ironizan desde el entorno de Ayuso.
La presidenta madrileña ha reiterado que “la inmigración ilegal no puede gestionarse con discursos, sino con ley y orden”, y ha recordado que Madrid no puede absorber el fracaso de la política migratoria del Gobierno.
Un problema de Estado… sin Estado
La situación pone de nuevo sobre la mesa el abandono del Estado en materia migratoria.
Mientras los delegados del Gobierno se dedican a exigir responsabilidades a las comunidades, el Ejecutivo central sigue sin garantizar un plan nacional de integración, repatriación o control.
Ni la policía ni las administraciones locales cuentan con herramientas suficientes para gestionar los flujos de menores irregulares.
Al mismo tiempo, la falta de transparencia impide conocer cuántos jóvenes han desaparecido del sistema de protección o han sido reclutados por mafias tras cumplir la mayoría de edad.
Un discurso moralista para tapar el descontrol
El Gobierno intenta trasladar el debate al terreno moral —presentando a las comunidades como “insolidarias”— mientras el sistema se resquebraja por falta de medios y de autoridad.
El delegado en Madrid exige más implicación, pero evita mencionar la incompetencia del propio Ministerio de Derechos Sociales, que lleva meses sin ejecutar fondos europeos destinados a infancia y juventud.
En lugar de coordinación y responsabilidad, el Ejecutivo opta por el enfrentamiento político con Ayuso, en un intento de desviar la atención del caos migratorio que vive España.
El mensaje de Francisco Martín Aguirre a la Comunidad de Madrid no es una petición técnica, sino un gesto político más del Gobierno de Sánchez.
Un Ejecutivo que no controla las fronteras, no informa del destino de los menas, y ahora pretende culpar a las autonomías de un problema que él mismo ha creado.
La realidad es clara: mientras el Gobierno exige, Ayuso gestiona con lo que tiene. Y en medio del caos, los menores migrantes —víctimas de las mafias y del abandono institucional— siguen siendo utilizados como herramienta política.
