El Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 22 millones de euros destinado a reforzar la atención de menores migrantes no acompañados en las comunidades fronterizas. Del total, 2 millones irán a parar a Baleares, según confirmó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Un reparto que busca aliviar la presión migratoria
El acuerdo se alcanzó este miércoles en una reunión telemática presidida por la ministra Sira Rego, que destacó que se están poniendo “todos los recursos necesarios” para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida. El reparto será el siguiente: Canarias (8,5 millones), Baleares (2 millones), Ceuta (7 millones) y Melilla (4,5 millones).
Este mismo crédito extraordinario ya se había planteado el pasado 17 de julio, pero no prosperó por falta de consenso entre las autonomías. En esta ocasión, sí se alcanzó el acuerdo, lo que permitirá que el Ministerio realice las transferencias económicas en los próximos días.
Baleares, en el punto de mira
La llegada de menores migrantes a Baleares ha aumentado en los últimos años, tensionando los recursos de la comunidad autónoma. Este nuevo refuerzo económico busca asegurar una atención digna y cubrir gastos de acogida, educación y asistencia sanitaria.
Sin embargo, las medidas del Ejecutivo no convencen a todos. Vox y otras formaciones políticas vienen advirtiendo que España ya acoge a 19.000 menas, el 94 % varones y el 60 % procedentes de Marruecos, lo que supone un desafío de integración y seguridad. Lee aquí el informe completo .
Un tema cargado de polémica
El destino y la gestión de estos menores sigue siendo motivo de fricción política. El propio Gobierno ha reconocido que seguirá sin informar del paradero de los menas trasladados desde Canarias a la península, decisión que generó fuertes críticas en la oposición. Más detalles aquí .
Algunas comunidades han llevado incluso este asunto a los tribunales. Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto obligatorio de menores entre autonomías. Consulta la noticia completa .
El compromiso del Gobierno
El Ejecutivo defiende que su prioridad es garantizar los derechos de la infancia y que el reparto de fondos extraordinarios demuestra la implicación del Estado en un problema que afecta especialmente a los territorios fronterizos. Además, se está trabajando en un Real Decreto sobre reubicación de menores migrantes para establecer un marco legal más estable.
