Según datos oficiales, sólo se produjeron cuatro por cada ciudad autónoma, únicos territorios españoles con frontera terrestre con África
Sólo ocho ilegales expulsados en 2025. Las expulsiones de inmigrantes ilegales desde Ceuta y Melilla experimentaron un descenso acusado en los últimos años, de acuerdo con datos que el Gobierno remitió al Congreso, recogidos por Servimedia.
En concreto, en 2025, ejecutaron cuatro expulsiones en Ceuta y otras cuatro en Melilla, cifras que contrastan notablemente con las de 2019, cuando realizaron 172 en Ceuta y más de doscientas en Melilla, lo que evidencia un cambio drástico en la gestión migratoria de estas ciudades autónomas.
El Gobierno ejecutó 3.398 expulsiones en 2025, lo que refleja una tendencia ascendente después del descenso que supuso la pandemia en la ejecución de procedimientos administrativos.
Sin embargo, la evolución en Ceuta y Melilla no siguió el mismo patrón, ya que mientras el ámbito estatal mostró una recuperación en los procedimientos ejecutados, en las dos ciudades autónomas el número de expulsiones descendió hasta niveles muy inferiores a los previos a la pandemia, situándose en mínimos dentro de la serie analizada que abarca el mandato de Sánchez.
Impacto de la pandemia en las cifras nacionales
En ese escenario, El Faro de Melilla recuerda que ambas ciudades autónomas constituyen los únicos territorios españoles con frontera terrestre con el continente africano y que históricamente representaron puntos relevantes en materia de inmigración irregular; sin embargo, los procedimientos ejecutados en 2025 alcanzaron niveles mínimos en la serie histórica.
A nivel global, el Gobierno ejecutó 20.682 expulsiones de extranjeros en situación irregular entre 2019 y 2025, periodo en el que 2019 registró el mayor número con 4.677 procedimientos en todo el territorio nacional.
La pandemia en 2020 provocó una reducción considerable hasta 1.834 expulsiones, influenciada por restricciones a la movilidad internacional y el impacto de la crisis sanitaria que alteró la administración de estos casos.
Desde 2021, las cifras nacionales recuperaron progresivamente su ritmo, incrementándose de manera gradual hasta alcanzar 3.398 expulsiones en 2025, pero la tendencia no se reflejó en las ciudades autónomas.
