María Jesús Montero vuelve a colocar la mecha bajo el polvorín territorial. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha anunciado que presentará entre enero y febrero su propuesta para reformar la financiación autonómica, un modelo que, según asegura, “reconocerá singularidades” y garantizará “la solidaridad entre territorios”.
Pero en el fondo, lo que muchos barones autonómicos escuchan es otra cosa: un traje a medida para Cataluña y una nueva brecha entre comunidades.
Enero o febrero: el calendario de la tormenta
Montero ha confirmado que el borrador del nuevo sistema está casi listo y que su intención es aprobarlo antes de que termine la legislatura en 2027.
Hasta ahí, suena razonable.
El problema es cómo se ha cocinado: con discreción, pocos datos concretos y el rumor constante de una bilateralidad especial entre el Estado y Cataluña, algo que el resto de comunidades no está dispuesto a tolerar.
Según la ministra, el nuevo modelo “garantizará que ninguna autonomía salga perjudicada” y reconocerá “particularidades territoriales”.
Pero el eufemismo es claro: reconocer singularidades equivale a dar trato diferencial. Y eso, en la España autonómica, es pólvora pura.
El PP sospecha: “Montero ya lo ha pactado con Cataluña”
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no han tardado en reaccionar.
Desde Madrid, la consejera Rocío Albert acusa a Montero de mentir y ocultar detalles de un modelo “hecho para contentar a los socios independentistas”.
En Extremadura, la consejera Elena Manzano va más allá: “No se puede hablar de multilateralidad y al mismo tiempo sentarse con un territorio para pactar lo que es de todos. Es incompatible”.
Dentro del PP cunde la idea de que Hacienda busca imponer el esquema pactado con Cataluña bajo la apariencia de un modelo común.
Y el tono ya roza el enfrentamiento directo: varias autonomías populares hablan de ruptura institucional si se aprueba un sistema “asimétrico y arbitrario”.
Cataluña, satisfecha: “Por fin se reconocerá nuestra singularidad”
Mientras tanto, en el Govern catalán, la ministra ha recibido elogios. La consellera Alícia Romero ha declarado que la propuesta “suena bien” y que no implica “trato de favor”, sino “reconocimiento de la realidad catalana”.
El mensaje es claro: Cataluña se siente cómoda con un modelo que permita relaciones bilaterales con el Estado.
Y ese es, precisamente, el punto que hace saltar las alarmas en el resto del mapa autonómico.
Una reforma que reabre todas las heridas
El actual sistema de financiación lleva más de una década sin tocarse. Ningún gobierno se ha atrevido a reabrir el debate porque es una guerra en la que nadie gana sin que otro pierda.
Pero Montero parece dispuesta a hacerlo… aunque el precio sea romper la frágil paz autonómica que ha sostenido al Estado durante años.
El nuevo modelo incluiría —según se ha filtrado— un reajuste en los fondos de nivelación, una revisión del principio de ordinalidad y un mayor margen fiscal para algunas autonomías.
En resumen: más autonomía tributaria para quien ya tiene músculo económico, y menos equilibrio para quien depende del reparto.
Montero, entre la presión de los socios y la desconfianza del PP
La ministra insiste en que el sistema será “más justo, transparente y solidario”. Pero sus propias palabras delatan la dificultad:
habla de “bilateralidad dentro de la multilateralidad”, un oxímoron que, en política, se traduce en conflicto.
Mientras tanto, el PP exige un modelo único y acusa al Gobierno de improvisar para contentar a los socios de investidura. El PSOE, por su parte, intenta proyectar calma, pero en los pasillos de Hacienda ya se da por hecho que el debate territorial marcará la primera mitad de 2026.
Un tablero político al rojo vivo
La reforma llega en un momento explosivo:
- Cataluña presiona para blindar su sistema fiscal.
- Madrid exige una rebaja del déficit y más libertad tributaria.
- Andalucía y Valencia reclaman una compensación histórica por infrafinanciación.
- Y el Gobierno central intenta contentar a todos sin que nadie note que se queda corto.
Difícil misión: lo que para unos será “justicia territorial”, para otros será una traición política.
Lo que se avecina
Hacienda quiere tener el texto final listo antes de la primavera. La ministra confía en sacar adelante el nuevo sistema con apoyos suficientes, pero dentro del Ejecutivo reconocen que será una batalla política de primer nivel.
Si el modelo reconoce singularidades y relaciones bilaterales, como se prevé, el resultado puede ser un país con autonomías de primera y de segunda.
En otras palabras:
Montero está abriendo un melón que puede hacer saltar por los aires la paz autonómica que tanto costó mantener.
