Una red de propaganda extranjera, financiada directamente por el régimen de Rabat y con conexiones institucionales en España, se mueve ya con libertad en las universidades catalanas. Y el PSOE lo aplaude.
Lo que podría parecer una simple iniciativa estudiantil es en realidad una operación diplomática y mediática perfectamente calculada por Marruecos para ganar terreno en la batalla del relato sobre el Sáhara Occidental. Y lo más grave: lo está haciendo en territorio español, con recursos marroquíes y con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.
Un “lobby juvenil” teledirigido desde Rabat
La asociación Consejo de la Juventud Marroquí para la Diplomacia y las Relaciones Internacionales (MYCDIC) ha sido registrada como organización sin ánimo de lucro en España, pero poco tiene de espontánea o juvenil. Detrás de su fachada académica se encuentra el respaldo financiero y político del Consulado General de Marruecos, así como de empresas públicas como Royal Air Maroc y el Grupo OCP, una de las mayores compañías estatales del país.
La semana pasada, el MYCDIC organizó un evento en la Universidad de Barcelona para defender la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. El acto fue escasamente concurrido —no más de una decena de asistentes—, pero la cobertura en medios oficiales marroquíes fue masiva. En Rabat saben perfectamente que no importa el impacto real del acto, sino su valor propagandístico.
El líder: un joven con perfil inflado y vínculos sospechosos
El rostro visible del MYCDIC es Kobry Moataz, un joven de 22 años que estudia simultáneamente en dos universidades españolas. Según sus propias declaraciones, fundó su primera empresa con tan solo 16 años y ha lanzado varias apps con base en Arabia Saudí. Pero lo que más llama la atención es su actividad en redes sociales: solo siete publicaciones desde 2020 y más de 1,4 millones de seguidores, sin apenas interacción real. Una estrategia clásica para simular influencia donde no la hay.
Moataz dirige también la llamada Red Estudiantil Marroquí en España, una especie de filial del MYCDIC con supuesta presencia en las 17 comunidades autónomas y más de 300 miembros. No se trata de un grupo de intercambio cultural, sino de una estructura diseñada para difundir las tesis marroquíes desde dentro del sistema universitario español.
Un plan orquestado desde el extranjero… con complicidad española
Lejos de ser una acción aislada, esta ofensiva forma parte de una estrategia más amplia de Marruecos para consolidar su dominio sobre el Sáhara Occidental a través de la influencia social, mediática y política en países clave como España.
Y lo preocupante es que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo lo permite, sino que lo respalda. En 2022, el presidente socialista rompió con décadas de posición diplomática española y envió una carta al rey Mohamed VI en la que apoyaba abiertamente el plan marroquí de autonomía, calificándolo como “la propuesta más seria, creíble y realista”.
Este giro fue aplaudido por veteranos del PSOE como José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y Miguel Ángel Moratinos, todos ellos firmes defensores del acercamiento a Rabat. Unos lo justifican por motivos diplomáticos, otros por razones económicas… pero la realidad es que han vendido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
¿Quién defiende la soberanía nacional
España está permitiendo que una potencia extranjera utilice su territorio, sus universidades y su sistema asociativo para imponer su propaganda. Marruecos opera en Barcelona como si fuera suya, mientras el PSOE mira hacia otro lado o directamente colabora.
El caso del MYCDIC es solo un síntoma de una penetración silenciosa del poder marroquí en España, ante la pasividad de las instituciones. Lo hacen con dinero público marroquí, pero también con patrocinios privados como el del banco Santander, lo cual despierta nuevas preguntas sobre quién está interesado en reforzar la narrativa de Rabat en territorio nacional.
Una línea roja que se está cruzando
La cuestión del Sáhara no es solo un conflicto lejano. Es una cuestión de Estado, de dignidad nacional y de respeto al derecho internacional. Mientras Marruecos avanza su agenda en Barcelona y otras ciudades españolas, el Gobierno sigue entregando terreno. Ya no se trata solo de diplomacia: se está permitiendo la intromisión extranjera en la universidad y la sociedad civil españolas.
Lo que está ocurriendo es gravísimo. Y solo hay dos opciones: mirar hacia otro lado o plantarse y decir basta.
