Mari Paz Fernández Lobato no ha construido una vivienda en 15 años y está acusada por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental
El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha designado como responsable de la Secretaría de Vivienda del Partido Popular en Andalucía a Mari Paz Fernández Lobato, alcaldesa de Ronda desde hace 15 años, que no ha impulsado ninguna vivienda protegida durante su mandato y que se encuentra imputada por presuntas irregularidades en la gestión de una empresa pública municipal.
El nombramiento, promovido por la dirección autonómica del PP, se produce meses después del congreso regional celebrado en Sevilla a principios de noviembre, donde se conformó un Comité Ejecutivo de grandes dimensiones. Esta designación llega en una fase posterior, como parte de una ampliación del organigrama que incluye cargos de carácter secundario, más orientados a recolocar perfiles municipales que a reforzar áreas clave de acción política.
La Secretaría de Vivienda carece de competencias ejecutivas reales y no tiene capacidad directa para influir en las políticas del Gobierno andaluz. Según fuentes internas del partido, se trata de un puesto simbólico, sin peso orgánico ni impacto efectivo en la toma de decisiones, lo que refuerza la percepción de que la vivienda no ocupa un lugar prioritario en la agenda del PP andaluz.
Resulta especialmente llamativa la trayectoria de la persona designada. A lo largo de tres lustros al frente del Ayuntamiento de Ronda, Fernández Lobato no ha promovido ninguna vivienda de protección oficial, ni en régimen social ni mediante fórmulas alternativas como la autoconstrucción. Esta ausencia de políticas públicas en materia de vivienda se ha producido en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con menos recursos, una situación denunciada de forma reiterada por la oposición municipal.
La falta de experiencia en políticas de vivienda pública refuerza las críticas sobre el carácter irrelevante de esta secretaría dentro del proyecto político del PP en Andalucía. Para sus detractores, el mensaje es inequívoco: la vivienda protegida no figura entre las prioridades reales del Ejecutivo autonómico liderado por Moreno Bonilla desde San Telmo.
El nombramiento adquiere además una clara dimensión interna. Fernández Lobato está imputada en el caso Soliarsa, relacionado con la gestión de la empresa municipal de limpieza de Ronda. En este procedimiento judicial, la Fiscalía solicita cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y la devolución de 42.000 euros al Ayuntamiento, al apreciar posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental durante su etapa al frente del consistorio.
En este escenario, la nueva responsabilidad orgánica actúa como un respaldo político explícito por parte de la cúpula autonómica del PP, permitiendo a la alcaldesa proyectar una imagen de continuidad y apoyo pese a su situación judicial. Tras hacerse público el nombramiento, la propia Fernández Lobato lo difundió en redes sociales, agradeciendo la “confianza” de Moreno Bonilla y reivindicando su permanencia en la primera línea política.
Para la oposición y para sectores críticos tanto dentro como fuera del Partido Popular, este movimiento resume la política de vivienda del Gobierno andaluz: un área sin contenido real, sin resultados visibles y utilizada como instrumento de promoción interna, incluso para dirigentes con una gestión cuestionada y causas judiciales pendientes.
