La familia de Juan Manuel Serradilla tuvo que recurrir a un crowdfunding para intentar repatriarlo ante la inexistente ayuda institucional
«Impuestos para sanidad y educación». El profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, residente en Santander, murió esta madrugada tras pasar casi dos meses ingresado en la UCI de un hospital en Vietnam. Su familia comunicó la noticia a través de la plataforma de crowdfunding que habían creado para reunir fondos con los que repatriarlo a España.
Serradilla sufrió una pancreatitis aguda con shock séptico el pasado 10 de septiembre mientras participaba en un viaje turístico organizado por la Comunidad de Madrid. Lo ingresaron de urgencia en el FV Hospital de la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), donde permaneció en cuidados intensivos desde entonces.
Una familia, abandonada sin respaldo institucional
Fernando Béjar, portavoz de la familia, anunció el fallecimiento con un mensaje en la web, recogido por Europa Press: “Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío”. También expresó su agradecimiento por “el apoyo y el cariño” recibidos durante todo el proceso.
Ante la falta de ayuda por parte de las autoridades, la familia de Serradilla inició una campaña solidaria en la web GoFundMe para intentar repatriarlo a Córdoba, donde vive su hija y donde esperaban poder continuar su tratamiento.
Hacienda reclamó su mordida de las donaciones para traer a la española en coma desde Tailandia
El ‘gobierno de la gente’ del PSOE y la Administración regional tampoco mostraron mayor interés por la valenciana que, por un accidente de tráfico, quedó en coma en Tailandia en octubre de 2024.
Sólo se molestaron en su existencia cuando la familia recaudó, gracias a un crowdfunding, más de 300.000 euros para gastos médicos (agotado el seguro) y para repatriarla en un avión medicalizado. En total, la familia de la española abandonada por ambas administraciones deberá tributar por ello 135.000 euros
La familia tuvo que recaudar una fortuna, porque el Gobierno de Sánchez, a través del ministerio de Defensa, les negó el transporte aéreo. Si bien no recibieron ninguna llamada institucional para preguntar por el estado de la víctima, Hacienda les contactó para que abonen 32.000 euros en impuestos y, según la normativa autonómica y de sucesiones y donaciones, pagarán otros 104.000 en impuestos por las donaciones.
