Lo que debería ser un trámite gratuito se ha convertido en un negocio de la inmigración con las citas previas en la Seguridad Social. El colapso de la administración pública ha generado un mercado paralelo en el que conseguir una cita en Extranjería, el SEPE o la Seguridad Social se ha vuelto una misión imposible, obligando a muchos a pagar hasta 80 euros por algo que en condiciones normales no tiene coste alguno.
Un mercado negro de citas previas
En páginas de segunda mano y portales de anuncios se multiplican las ofertas: “Le consigo cita para esta semana, sin esperas”. El negocio no se limita a particulares, sino que también lo han adoptado locutorios en barrios de grandes ciudades. El problema afecta especialmente a Andalucía, donde se concentran casos en Sevilla, Córdoba, Almería o Málaga.
Los anuncios son claros: por 50, 60 o hasta 80 euros, prometen una cita rápida para trámites de maternidad, extranjería o asilo. En muchos casos, los encargados de esta práctica son inmigrantes que conocen de primera mano la desesperación de sus compatriotas.
Falsas gestiones y estafas
No siempre cumplen lo que prometen. A principios de año, la Policía Nacional detuvo en Málaga a un venezolano y a un mexicano acusados de vender citas falsas de asilo en varias provincias. A los afectados les cobraban por adelantado, pero nunca recibían la confirmación oficial. Se les imputaron delitos de falsedad y estafa.
Este tipo de engaños son cada vez más comunes. La propia Guardia Civil advierte que los estafadores se aprovechan de la saturación del sistema digital de cita previa para lucrarse a costa de los más vulnerables.
Así operan los intermediarios
Las técnicas son diversas. Algunos acaparan citas mediante bots o programas informáticos, mientras que otros aseguran tener un “código especial” que les permite acceder a plataformas internas. Incluso se han detectado redes organizadas que controlan bloques enteros de citas para luego revenderlas.
Un reportaje televisivo comprobó cómo en un locutorio de barrio se ofrecía conseguir citas para Extranjería en menos de una semana por 50 euros. “Somos los más rápidos del mercado”, presumía uno de los anuncios localizados en Córdoba.
El colapso administrativo, el caldo de cultivo
El trasfondo es el colapso burocrático en España. La digitalización no ha ido acompañada de más medios humanos, y en oficinas como las de Extranjería o Seguridad Social las listas de espera son interminables. Para muchos usuarios, especialmente inmigrantes que necesitan renovar permisos o solicitar asilo, pagar se ha convertido en la única vía para avanzar.
Reacciones políticas
El fenómeno no ha pasado desapercibido en el plano político. Vox ya ha advertido en repetidas ocasiones sobre el negocio que rodea a la inmigración y la falta de control en los trámites. De hecho, el partido presentó medidas específicas contra los empadronamientos ilegales y ha denunciado públicamente la saturación de los servicios públicos vinculada al aumento de migrantes.
El problema conecta con un debate más amplio: España ya acoge a 19.000 menas, siendo el 94% varones y el 60% de Marruecos. Unos datos que, según Vox, reflejan la magnitud de la presión migratoria sobre el sistema.
De la estafa a la normalización
Lo más preocupante es que esta práctica empieza a normalizarse. Cada vez más personas asumen que, si quieren ser atendidas, deben pagar. El acceso a trámites que deberían ser gratuitos se convierte así en un lujo al alcance de quienes pueden permitírselo, generando una nueva forma de desigualdad social.
¿Qué se puede hacer?
Expertos en derecho administrativo señalan que la clave está en reforzar el sistema público de citas, aumentar el personal en oficinas clave y perseguir de manera efectiva a quienes trafican con estos trámites. Mientras tanto, la policía sigue investigando y desmantelando redes dedicadas a este negocio oculto de las citas previas.
Por ahora, los usuarios seguirán enfrentándose a un dilema: esperar meses para ser atendidos o pagar a intermediarios que se aprovechan del colapso del sistema.
