Ha generado fuertes críticas por su impacto en la privacidad y libertades civiles. Se la considera como un ‘arma de control social’
El Gobierno de Reino Unido anunció un nuevo sistema de identidad digital obligatorio para trabajar. Esta ID de control busca, en teoría, cerrar el acceso al empleo a quienes no posean estatus de ciudadanía legal. Pero ha generado fuertes críticas por su impacto en la privacidad y libertades civiles. Se la considera como un ‘arma de control social’.
El primer ministro británico Keir Starmer presentó la medida este como parte de su plan para endurecer el control migratorio y reducir la llegada de personas en pateras a través del Canal de la Mancha.
El nuevo documento, conocido informalmente como la ‘Brit Card’, estará almacenado en formato digital en los teléfonos móviles. Será obligatorio para acceder a cualquier empleo en el Reino Unido a partir de su entrada en vigor «antes del fin de esta legislatura», según declaraciones del propio Starmer.
Reino Unido es uno de los pocos países europeos que no cuenta con un documento nacional de identidad obligatorio. Su población suele identificarse con pasaporte o permiso de conducir.
Una reacción parecida vivieron marcas canceladas por la agenda woke, que también pagaron caro su activismo ideológico.
La introducción de un ID digital obligatorio representa, por lo tanto, un cambio profundo en la cultura política del Reino Unido. Históricamente se ha rechazado la idea de un carné de identidad por considerarlo una amenaza a las libertades civiles.
El Gobierno se Starmer asegura que el sistema facilitará el acceso a servicios públicos como guarderías, asistencia social o trámites fiscales. También señala que estará diseñado con altos estándares de seguridad y cifrado. Además, promete que no será necesario llevar el teléfono encima ni se exigirá su uso en controles policiales rutinarios.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el riesgo de vigilancia masiva y el potencial uso indebido de los datos personales.
La medida ha sido comparada con intentos anteriores de introducir documentos de identidad, como los de 2009, que fueron finalmente cancelados por la oposición pública y política.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha defendido la iniciativa como una herramienta esencial para luchar contra el trabajo ilegal y desincentivar la inmigración irregular. En cambio, figuras como la ministra de Exteriores Yvette Cooper han mostrado su rechazo histórico a los sistemas de identificación obligatoria, lo que ha generado tensiones internas dentro del gobierno laborista.
El plan también ha sido criticado por su efectividad cuestionable. Sectores del gobierno señalan que muchos inmigrantes irregulares trabajan en sectores donde los controles ya son débiles. La medida podría empujarlos aún más hacia la clandestinidad. Además, se teme que personas sin acceso a smartphones o con dificultades digitales queden excluidas del sistema.
Vigilancia y control masivo
Por ello, como señala La Gaceta, este proyecto está marcado por una ola de rechazo sin precedentes. Una petición online contra la llamada ‘Brit card’ ha superado ya el millón y medio de firmas. Refleja la creciente indignación ciudadana ante lo que muchos consideran un paso hacia la vigilancia masiva y el control estatal de la vida cotidiana. El Estado de Reino Unido tendría un poder sin precedentes sobre la información personal.
Nigel Farage, líder de Reform UK, ha denunciado la iniciativa como una “tarjeta anti-británica” y ha advertido de que no resolverá el problema de la inmigración ilegal. Ampliará el control del Gobierno sobre la población.
