La justicia ha dictado sentencia y su mensaje es contundente: quien amenace la convivencia no tiene cabida. Un juzgado de lo Penal de AlmerÃa ha condenado a dos años de prisión y ha ordenado la expulsión del territorio nacional de un ciudadano marroquà que protagonizó un episodio de terror en el barrio de PescaderÃa. El individuo, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, irrumpió en la iglesia de San Roque, amenazando de muerte a los feligreses presentes.
Los hechos, que conmocionaron a la comunidad local, describen una escena dantesca: el agresor, con la cara ensangrentada y en un notable estado de agitación, se paseó por el barrio exhibiendo el arma blanca antes de entrar en el templo al grito de amenazas. La rápida intervención de la PolicÃa Nacional evitó una tragedia mayor, logrando su detención in situ.
Sustitución de pena por expulsión
El magistrado ha aplicado el artÃculo 89 del Código Penal, que permite sustituir la pena de prisión inferior a seis años por la expulsión del paÃs para ciudadanos extranjeros, prohibiéndole el regreso durante un periodo de cinco años. Esta medida busca garantizar la seguridad ciudadana y enviar un mensaje de firmeza ante actos que atentan contra la libertad religiosa y la paz pública.
Este suceso reaviva el debate sobre la reincidencia y la gestión de la delincuencia violenta. Casos como este ponen a prueba el sistema judicial y su capacidad de respuesta rápida, un tema que también toca tangencialmente la saturación de los servicios públicos, como vimos en: Las cifras ocultas tras la gestión pública.
