Se trata de Félix Caperos, actual alcalde de Casalarreina y secretario de Política Municipal del PSOE de La Rioja
En un nuevo episodio que pone en evidencia la doble moral del PSOE, un segundo alcalde socialista ha rechazado rotundamente la instalación de un centro para menores extranjeros no acompañados (menas) en su municipio, argumentando la necesidad de «preservar la convivencia».
Félix Caperos, alcalde de Casalarreina (La Rioja) y secretario de Política Municipal del PSOE en esa región, se ha sumado a la lista de líderes locales del partido que predican la solidaridad con la inmigración desde Madrid, pero cierran las puertas cuando el problema toca sus propias comunidades.
Este rechazo no es un caso aislado. Apenas unos días antes, la alcaldesa socialista de Cartes (Cantabria), Lorena Cueto, se opuso frontalmente a la llegada de 18 menas a un centro planeado por el Gobierno regional, desatando protestas locales y exponiendo las grietas en el discurso progresista del PSOE.
Similarmente, en Fuenlabrada (Madrid), el alcalde Javier Ayala, un bastión del PSOE, ha luchado con uñas y dientes contra la apertura de un nuevo centro de acogida anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, llegando incluso a amenazar con acciones legales por la vía penal.
Estos ejemplos ilustran un patrón claro: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez critica duramente a las administraciones del PP por no aceptar cuotas obligatorias de distribución de menores, sus propios alcaldes se niegan a asumir la responsabilidad en sus feudos.
Contradicción escandalosa del PSOE
La contradicción alcanza niveles escandalosos cuando se contrasta con la reciente regularización masiva aprobada por el Ejecutivo socialista. En enero de 2026, el Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto que otorga permisos de residencia a aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados que hayan residido en España al menos cinco meses, una medida que el propio Sánchez ha calificado como un acto de «empatía» y «prosperidad».
Esta amnistía migratoria, impulsada por presiones de la izquierda radical como Podemos y respaldada por más de 700.000 firmas de organizaciones sociales, no solo ignora los riesgos de la inmigración ilegal, sino que envía un mensaje claro: «Venid, que os regularizamos».
Alcaldes socialistas miran para otro lado
Sin embargo, cuando se trata de acoger a estos menores vulnerables, los alcaldes del PSOE miran para otro lado, priorizando la «convivencia» local sobre la solidaridad nacional que tanto exigen a los demás.
Por otro lado, la medida de regularización ha generado controversia incluso en Bruselas, donde la Comisión Europea ha expresado reservas por chocar con el espíritu de control migratorio de la UE.
Mientras tanto, regiones gobernadas por el PP, como Madrid, han tenido que asumir el grueso de la carga, acondicionando centros pese a la oposición de ayuntamientos socialistas.
Esta situación no solo pone en jaque la cohesión territorial, sino que alimenta el descontento popular. En Aragón, por ejemplo, VOX ha duplicado su representación parlamentaria gracias a su firme oposición a políticas migratorias laxas, un aviso que el PSOE parece ignorar.
