El Consejo de Europa ha replicado reafirmando el papel de la Corte de Estrasburgo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Friedriksen, han lanzado una iniciativa, suscrita ya por otros siete países, para pedir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), mayor libertad en la repatriación de inmigrantes delincuentes y endurecer las normas de asilo.
En una carta abierta, como señala ABC, nueve estados acusaron al Tribunal de Estrasburgo de “atarles las manos mientras intentan tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y repatriar a los migrantes que trafican drogas o matan”.
Afirman que los jueces están siendo “demasiado generosos” al aplicar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que entró en vigor en 1953, firmado por 47 países.
La iniciativa de la carta abierta surgió a instancias de Meloni y de su colega danesa Mette Friedriksen, socialdemócrata, inscrita en el grupo Socialista Europeo. Los demás son populares, conservadores (el primer ministro checo, además de Meloni) y liberales.
En términos de peso específico, junto con Italia, solo hay otro país entre los grandes: Polonia.
Protección a las sociedades democráticas
La acusación que hacen al TEDH es contundente: “limitar nuestra capacidad de tomar decisiones políticas en nuestras democracias”, lo que afecta a “la forma en que nosotros, como dirigentes, podemos proteger a nuestras sociedades democráticas y a nuestras poblaciones de los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo actual”, como es el caso de los inmigrantes delincuentes y su repatriación.
Los nueve países acusan especialmente las sentencias que impiden las expulsiones por motivos de derecho a la vida familiar o riesgo de trato inhumano y degradante en los países de origen. La interpretación del Convenio por los jueces ha llevado supuestamente “a proteger a las personas equivocadas y ha impuesto demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar”, según la carta abierta.
Protección a los que respetan la ley
La seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de las víctimas, según los dirigentes de los nueve países, es un derecho fundamental que “debe primar sobre otras consideraciones”, como los inmigrantes ilegales.
La primera ministra italiana afirmó que “tenemos el deber de defender a nuestros ciudadanos, nuestros valores y nuestra democracia. Somos líderes de sociedades que protegen los derechos humanos; sin embargo, con demasiada frecuencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se interpreta de forma que impide a los Estados expulsar a delincuentes extranjeros o proteger sus fronteras. No podemos aceptarlo”.
