Golpe a la separación de poderes al poner en duda la condena a García Ortiz: “Lo que ha hecho es defender la verdad”, dice Sánchez
Ha sido hace escasos minutos y en un acto cargado de simbolismo partidista. Allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner en jaque la autoridad del Tribunal Supremo al cuestionar abiertamente la condena impuesta al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Durante un homenaje al centenario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y la UGT, Sánchez no solo defendió la actuación de García Ortiz, condenado por filtrar datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino que la elevó a ejemplo de «defensa de la verdad y la institución». «Lo que ha hecho es defender la verdad», proclamó el líder socialista, antes de lanzar un dardo directo: «La que tiene que pedir perdón es la señora Ayuso«.
Esta intervención llega apenas horas después de la notificación de la sentencia del Supremo, que inhabilita a García Ortiz por revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Sánchez no se limitó a criticar el fallo: lo deslegitimó de raíz, preguntándose en tono retórico si el PP, con Ayuso a la cabeza, tiene «lecciones que dar» tras supuestas irregularidades en su entorno.
Caso Salazar
Incluso instó a Alberto Núñez Feijóo a exigir responsabilidades a la líder popular, enmarcando el episodio en una supuesta superioridad moral del Gobierno en materia de feminismo. «Nosotros pedimos perdón y actuamos en consecuencia», dijo, aludiendo al escándalo del ‘caso Salazar’, por el que sí ofreció disculpas públicas por denuncias de acoso sexual.
Pero más allá de la polémica coyuntural, estas declaraciones de Sánchez revelan un patrón preocupante: el rechazo sistemático al Supremo como árbitro imparcial. Al deslegitimar una sentencia firme, el presidente no solo erosiona la credibilidad de la Justicia, sino que socava los pilares de la democracia. Ya se le ha olvidado el respeto a la separación de poderes. Lejos quedan las palabras del presidente en las que afirmaba que en un país democrático las sentencian ni siquiera se deben comentar.
Necesidad de interferir en todo
En un país donde el Ejecutivo ya ha sido acusado de interferir en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), manipular el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o influir en organismos estatales clave, esta postura de Sánchez huele a ambición desmedida. Busca el control total: medios afines, inteligencia, sondeos y hasta la Fiscalía, convertida en peón de sus batallas políticas.
La reacción en La Moncloa y Ferraz ha sido tibia: «respetamos la sentencia, pero no la compartimos«, pero el daño está hecho.
Fuentes judiciales consultadas en privado por diferentes medios hablan de «desgaste institucional«. Y alertan de un precedente peligroso para la independencia del poder judicial. El PP, por su parte, no ha tardado en calificar las palabras de Sánchez como «un ataque frontal a la democracia«… Exigiendo de nuevo dimisiones inmediatas.
En un momento en que España necesita estabilidad, no vendettas personales, el Ejecutivo del PSOE parece priorizar la supervivencia partidista sobre el Estado de Derecho.
Cuestionar al Supremo no es disidencia: es desobediencia. Y en democracia, eso no es liderazgo; es autoritarismo disfrazado. Sánchez sigue aspirando a dar lecciones de feminismo o moralidad, pero sin embargo sigue sin respetar la Justicia que juró defender.
