La moneda digital europea supondría el control total de nuestros movimientos financieros: es la propuesta del PSOE, el partido de las ‘chistorras’
El Gobierno de Sánchez llama a acelerar la implantación del euro digital en plena polémica por el dinero en efectivo del PSOE… El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció tras el último Consejo Europeo que los Estados miembros de la Unión Europea quieren “avanzar decididamente” en la implantación del euro digital lo antes posible.
Lo hizo en Bruselas, tras cumbre comunitaria, como apunta La Gaceta, en la que también pidió a Europa ayuda para limitar la compra de vivienda si no es para uso residencial.
Sánchez considera que la creación de una moneda digital europea es una de las prioridades económicas del momento. Además, aseguró que España “avanza en la correcta dirección para su creación en un pronto tiempo”.
Lechugas y chistorras
Sin embargo, y paradójicamente, su apuesta por eliminar progresivamente el dinero en efectivo coincide con una polémica que afecta directamente a su partido, y muy relacionado con sobres repletos de billetes o ‘lechugas’, ‘chistorras’ y demás artillería monetaria en efectivo.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, reconoció esta semana que Sánchez “ha podido recibir dinero en efectivo” procedente de liquidaciones internas del partido. Aunque defendió el origen “lícito” de esos pagos, admitió que se trata de prácticas que todavía existían en Ferraz.
Economía digital sin billetes
Mientras, como apunta La Gaceta, el presidente presume en Bruselas de avanzar hacia una economía digital sin billetes ni monedas, su propio partido admite que continúa manejando dinero en metálico.
A diferencia del efectivo, que permite transacciones privadas entre ciudadanos sin intermediarios, el euro digital implicaría un control total de los movimientos financieros por parte del Estado y el Banco Central Europeo.
De esta manera, como hemos apuntado en LA BANDERA, cada compra, cada transferencia y cada gasto quedaría registrado en tiempo real, lo que abriría la puerta a la vigilancia económica y a la posibilidad de sancionar o limitar operaciones individuales.
Expertos en ciberseguridad y derecho financiero alertan de que un sistema de este tipo podría utilizarse para condicionar el comportamiento de los ciudadanos o restringir el uso del dinero en función de criterios políticos o medioambientales.
