Una pequeña perra mestiza de caniche, de apenas tres o cuatro meses de vida, se ha convertido involuntariamente en la protagonista de un encarnizado conflicto institucional en Ibiza que enfrenta al Gobierno balear con el Ayuntamiento de Santa Eulalia. El animal, que llegó a las costas de la isla el pasado 12 de diciembre a bordo de una patera procedente de Argelia, se encuentra ahora en el corredor de la muerte administrativo, mientras diferentes organismos discuten sobre su destino. El caso ha trascendido la mera anécdota para convertirse en un símbolo de las tensiones entre la estricta normativa sanitaria y la creciente sensibilidad hacia el bienestar animal, todo ello con el telón de fondo de la inmigración irregular que llega a las costas españolas.
La historia comenzó cuando la cachorra desembarcó junto a una familia de inmigrantes tras una peligrosa travesía por el Mediterráneo. Su llegada, lejos de pasar desapercibida, activó inmediatamente las alarmas de las autoridades sanitarias. Argelia, país de origen de la embarcación, es considerado un territorio donde la rabia sigue siendo una enfermedad endémica, lo que implica un riesgo sanitario de primer orden para cualquier animal que entre en territorio europeo sin los controles veterinarios reglamentarios. Al no poder acreditarse que el animal estuviese vacunado ni contar con la documentación sanitaria pertinente, la maquinaria burocrática se puso en marcha con una decisión contundente: el sacrificio.
El Gobierno balear ordena la ejecución por riesgo de rabia
La Dirección General de Salud Ambiental del Gobierno balear, tras recibir el informe veterinario correspondiente, emitió una resolución el pasado 17 de diciembre ordenando el sacrificio del animal. El argumento principal es la protección de la salud pública. La rabia es una enfermedad viral aguda y mortal que afecta al sistema nervioso central y que puede transmitirse a los humanos a través de mordeduras o arañazos. Para las autoridades autonómicas, el riesgo de que la cachorra sea portadora del virus, aunque sea asintomática en este momento debido al largo periodo de incubación de la enfermedad, es inasumible. Recuerdan que una vez aparecen los síntomas, la rabia es letal prácticamente en el 100% de los casos, tanto para animales como para personas.
Este enfoque de tolerancia cero ante el riesgo epidemiológico choca frontalmente con la postura del Ayuntamiento de Santa Eulalia, municipio donde se encuentra el centro de acogida. El consistorio, apoyado por diversas entidades animalistas y una creciente presión social, ha presentado alegaciones para paralizar la ejecución. Argumentan que existen alternativas viables y humanitarias que garantizan la seguridad sanitaria sin necesidad de acabar con la vida del animal.
El caso recuerda inevitablemente a otros incidentes relacionados con la llegada de inmigración irregular desde el norte de África, como el reciente suceso donde un magrebí revienta un camión en Palma, sucesos que ponen de manifiesto la complejidad de la gestión de fronteras en todos sus aspectos, desde la seguridad hasta la sanidad animal. En este caso, la «pasajera» canina ha puesto en jaque los protocolos establecidos, obligando a las administraciones a improvisar respuestas ante situaciones inéditas.
Santa Eulalia exige una cuarentena como alternativa al sacrificio
La defensa del Ayuntamiento de Santa Eulalia se basa en la existencia de precedentes y en el propio bienestar del animal. Sostienen que la cachorra «no presenta síntomas compatibles con la rabia» tras su llegada y proponen una solución intermedia: el aislamiento bajo un control sanitario estricto. Esta medida, argumentan, protegería la salud pública al mantener al animal confinado y vigilado, impidiendo cualquier posible transmisión, pero respetando al mismo tiempo su vida. Citan ejemplos de otros lugares de España donde se han aplicado protocolos de cuarentena prolongada, vacunación y seguimiento veterinario exhaustivo en casos similares, evitando así el sacrificio preventivo.
Las autoridades municipales han ido un paso más allá para facilitar esta alternativa, alcanzando un acuerdo con una fundación animalista que se ha ofrecido a asumir todos los costes derivados de la cuarentena. Esto incluiría el mantenimiento de las instalaciones de aislamiento y los gastos del seguimiento veterinario necesario, liberando así a las arcas públicas de esta carga económica. Sin embargo, la última palabra la tiene el Ejecutivo autonómico presidido por Marga Prohens, que debe decidir si acepta estas alegaciones o mantiene la orden de ejecución.
Qué dice el gobierno sobre lo sucedido
El Gobierno central de Pedro Sánchez, por su parte, se ha lavado las manos en este conflicto, limitándose a recordar que la competencia sobre la recogida y custodia de animales abandonados recae en los ayuntamientos, según establece la actual Ley de Bienestar Animal. Esta ley, que ha generado controversia en diversos aspectos, establece marcos de actuación que ahora son interpretados de manera opuesta por las diferentes administraciones involucradas. Mientras la administración local apela al espíritu de protección animal de la norma, la autonómica prioriza la normativa de salud pública y control de epizootias.
El debate de fondo trasciende el caso particular de esta perra. Se trata de una discusión sobre cómo Europa gestiona los riesgos sanitarios asociados a los flujos migratorios y si los protocolos actuales, diseñados para situaciones convencionales, son lo suficientemente flexibles para adaptarse a realidades humanas y animales complejas. El periodo de incubación de la rabia puede ser de varios meses, lo que hace que la cuarentena sea una medida larga y costosa, pero para los defensores de los derechos de los animales, es el único camino ético en una sociedad avanzada.
Mientras las burocracias chocan y los políticos discuten sobre competencias y riesgos, la pequeña cachorra mestiza de caniche permanece aislada en las instalaciones de la Fundación Natura Park. Su destino pende de un hilo, a la espera de que se resuelva un conflicto que ha puesto sobre la mesa las contradicciones entre la seguridad sanitaria absoluta y la ética en el trato a los animales. La decisión final sentará un precedente importante sobre cómo actuará España ante futuros casos de mascotas que lleguen a sus costas en las mismas circunstancias desesperadas que sus dueños humanos.
