Las medidas contra el fraude telefónico rechazan avisos legÃtimos e imponen nuevas obligaciones técnicas y económicas para pequeños negocios
Cada chapuza, más dañina que la anterior. El Plan Antiestafas del Gobierno contra el spam y las llamadas fraudulentas ha generado el caos esperable de semejante Ejecutivo y también ha saboteado comunicaciones de miles de pymes, que utilizan llamadas y mensajes cortos en su dÃa a dÃa para mantener contacto con sus clientes.
Según la publicidad del Ministerio de Transformación Digital, desde que entró en vigor la pasada primavera el Plan Antiestafas, los operadores de telecomunicaciones interceptar cerca de 135 millones de llamadas y más de cinco millones de SMS fraudulentos. Sin embargo, los efectos colaterales llegan rápido para las pymes a cuenta de sus SMS de verificación, avisos de citas o recordatorios de pagos sufren retrasos o bloqueos directos cuando el origen no supera los filtros de los operadores.
Obliga a las pymes a cambiar su sistema de comunicaciones
Los pequeños negocios envÃan recordatorios habituales, como la finalización de reparaciones en talleres mecánicos, citas en clÃnicas dentales, confirmaciones de reservas en restaurantes o información sobre el estado de paquetes en el ecommerce.
Incluso los mensajes comerciales o de fidelización con consentimiento previo se ven impactados, ya que las operadoras aplican filtros preventivos más estrictos, bloquean numeraciones no legÃtimas y detectan prácticas de spoofing (suplantación de números españoles desde el extranjero).
Además, la prohibición de realizar llamadas comerciales o de atención al cliente desde números móviles no identificables obliga a muchos profesionales a cambiar su sistema: deben migrar a numeración geográfica, prefijos 800/900 o servicios VOIP certificados. Este cambio genera costes en lÃneas, configuración, migración y formación del equipo, y aumenta el riesgo de que comunicaciones legÃtimas no lleguen a destino.
Se disparan la complejidad operativa y los costes para las pymes
En paralelo, la reciente Ley de Servicios de Atención a la Clientela añade más requisitos. Establece lÃmites en tiempos de espera, obliga a identificar canales claros, exige transparencia en renovaciones automáticas, prohÃbe determinados cobros por atención y fija plazos concretos para reclamaciones.
Las pymes necesitan ahora mayor trazabilidad documental (facturas, registros de prestación de servicios) para responder reclamaciones con evidencias, comunicar con antelación las renovaciones y verificar que las reseñas online proceden de clientes reales, con mecanismos y documentación que acrediten la relación comercial. La norma incluye sanciones y procedimientos para retirar contenidos en plataformas.
Estas medidas refuerzan la protección contra el fraude, recuerda el digital Autónomos y Emprendedores, pero disparan la complejidad operativa y los costes para los pequeños negocios, que deben planificar la adaptación para evitar bloqueos o interrupciones en su comunicación diaria.
