La regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno ha encendido todas las alarmas en la Policía. Los principales sindicatos policiales han roto su silencio y lanzan una advertencia directa: la medida pactada entre el PSOE y Podemos pone en riesgo la seguridad ciudadana, colapsa servicios ya saturados y envía un mensaje peligroso a las mafias que operan en las rutas migratorias.
No hablan de matices ni de mejoras técnicas. Hablan de improvisación, falta de medios y cálculo político. Y lo hacen desde dentro, desde quienes tendrán que aplicar la medida sobre el terreno.
La regularización de inmigrantes vuelve así al centro del debate, pero esta vez con un protagonista incómodo para el Ejecutivo: la propia Policía.
Policía al límite: “Nos cargan el problema sin darnos recursos”
Los sindicatos SUP, Jupol y CEP han rechazado frontalmente la regularización extraordinaria que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas. El mensaje es común: no hay planificación, no hay refuerzos y no hay garantías suficientes.
Desde el Sindicato Unificado de Policía explican que la regularización de inmigrantes traslada “toda la presión” a unas plantillas ya desbordadas, especialmente en Extranjería, fronteras y comisarías. No se trata solo de tramitar papeles, sino de verificar identidades, antecedentes y situaciones administrativas complejas.
El problema, insisten, no es solo el volumen. Es el cómo y el cuándo. Anunciar una regularización sin reforzar previamente los servicios es, en palabras de un portavoz sindical, “poner gasolina sobre un fuego que ya está encendido”.
El efecto llamada que nadie quiere nombrar
Uno de los puntos más sensibles es el llamado efecto llamada. Los sindicatos policiales coinciden en que este tipo de anuncios actúan como reclamo inmediato para nuevas llegadas irregulares.
El mensaje que se envía al exterior es sencillo y peligroso: llegar a España acaba teniendo premio. Y ese mensaje, advierten, no lo reciben solo los migrantes, sino también las mafias de tráfico de personas, que adaptan sus rutas y discursos en tiempo real.
No es una advertencia teórica. La Policía recuerda que cada regularización masiva anterior fue seguida por un aumento de llegadas y por un negocio creciente para las redes criminales que operan en el Mediterráneo y el Atlántico.
“Esto no es integración, es improvisación”
La regularización de inmigrantes exige controles. Pero ahí surge otro punto crítico. Uno de los requisitos clave es no tener antecedentes penales firmes, algo que para los sindicatos resulta claramente insuficiente.
Desde Jupol recuerdan que una persona detenida recientemente por delitos graves puede no tener aún antecedentes debido a los plazos judiciales. En la práctica, eso significa que el filtro no garantiza seguridad, sino que deja lagunas peligrosas para el trabajo policial.
A esto se suma el colapso de las oficinas de Extranjería. Tramitaciones masivas, verificaciones de identidad y comprobaciones legales recaerán sobre unidades que ya trabajan al límite. El resultado, según fuentes policiales, será retraso, errores y un desgaste aún mayor de los agentes.
La Policía denuncia que el discurso oficial habla de derechos e integración, pero la realidad operativa apunta a caos administrativo y riesgos innecesarios.
España, en dirección contraria a Europa
Desde la Confederación Española de Policía subrayan otro aspecto clave: la ruptura del consenso migratorio que España había mantenido durante décadas. Mientras la Unión Europea apuesta por control de flujos, lucha contra las mafias y previsibilidad, el Gobierno español opta por una vía que, según los agentes, va justo en sentido contrario.
La regularización de inmigrantes no se presenta como una medida coordinada con Europa, sino como una decisión interna con fuerte carga política. Y eso, alertan, puede convertir a España en un polo de atracción aún mayor dentro del espacio comunitario.
No es solo una cuestión de fronteras, sino de credibilidad y coordinación internacional.
La seguridad no es moneda de cambio
El tono del comunicado policial no deja lugar a dudas. La crítica no es técnica, es de fondo. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de priorizar intereses políticos a corto plazo sobre la seguridad ciudadana y la capacidad real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Policía no pide debates ideológicos. Pide medios, planificación y coherencia. Y, sobre todo, pide no ser utilizada como parche de decisiones tomadas sin contar con quienes tendrán que ejecutarlas.
Mientras el Gobierno defiende la regularización de inmigrantes como una medida social, desde las comisarías llega un mensaje inquietante: si algo sale mal, quienes estarán en primera línea serán los mismos de siempre.
Y esta vez, han decidido decirlo alto y claro.
