Populares y socialistas unen sus votos para salvar a la presidenta de la Comisión Europea
El Parlamento Europeo rechazó la moción de censura presentada por el grupo Patriotas por Europa, al que pertenece VOX, contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. La iniciativa, apoyada por más de 100 eurodiputados, surgió como respuesta al acuerdo Mercosur, un tratado que, según los críticos, pone en riesgo al sector primario europeo, y cuya tramitación fue defendida por los eurodiputados del PSOE y del PP, blindando así el pacto frente a posibles obstáculos sociales o legales.
La votación se produjo apenas un día después de que el Parlamento aprobara remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un recurso judicial que podría haber detenido temporalmente su aplicación. A pesar de esto, los representantes del PSOE y del PP en Bruselas votaron en contra, generando lo que líderes de VOX califican como una “doble traición al campo español”: primero bloqueando el control judicial y después respaldando políticamente a Von der Leyen.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, insistió en que el acuerdo con Mercosur “supone la ruina del campo español” y que se ha negociado “a espaldas de agricultores y ganaderos”. Por esta razón, VOX promovió la moción de censura para exigir responsabilidades políticas. “El Parlamento se ha retratado una vez más sosteniendo a Von der Leyen; ahora tendrán que explicar a los ciudadanos por qué la mantienen al frente de la Comisión Europea”, advirtió.
Desde la formación recuerdan que la presidenta de la Comisión ha ignorado las protestas del sector primario, las advertencias de varios Estados miembros y las resoluciones internas del Parlamento Europeo. Esta misma semana, agricultores de distintos países de la UE se manifestaron frente a la Eurocámara en Bruselas en contra del acuerdo Mercosur, pero Von der Leyen ha decidido imponer el tratado, priorizando una agenda globalista por encima de la protección del sector agrícola y ganadero europeo.
Los críticos del acuerdo sostienen que este tratado refuerza una tendencia que debilita la producción europea, reduce la competitividad del sector agrícola comunitario y aumenta la dependencia de Europa de importaciones extranjeras, mientras los productores europeos continúan enfrentando cargas fiscales y normativas que no se aplican a sus competidores de fuera de la UE.
