Se acabaron las promesas de soluciones mágicas e inmediatas. La crisis de la vivienda en España es estructural, profunda y, según admiten ahora desde las propias instituciones, lenta de resolver. Leire Iglesias, la presidenta de Casa 47, la nueva entidad pública encargada de gestionar el suelo y la promoción de vivienda asequible, ha lanzado un jarro de agua fría sobre las expectativas de los inquilinos: no esperen bajadas de precios significativas ni un alivio real en el mercado hasta dentro de, al menos, un lustro.
El Gobierno monta otro chiringuito millonario que no bajará ni un euro tu alquiler
En una entrevista que ha levantado ampollas por su sinceridad, Iglesias ha reconocido que «harán falta 5 años para ver un impacto importante en los precios». Una declaración que contrasta con el optimismo habitual de los discursos políticos y que pone fecha a la travesía por el desierto que tendrán que soportar los jóvenes y familias que buscan un techo hoy, no en 2030.
100.000 viviendas «movilizadas» pero invisibles
La directiva ha defendido la gestión del Ejecutivo asegurando que ya se han «movilizado» más de 100.000 viviendas de las 183.000 prometidas. Sin embargo, el término «movilizado» es elástico: incluye desde proyectos en construcción hasta suelos apenas licitados.
La realidad a pie de calle es que la oferta sigue estrangulada y los precios en máximos históricos. «Esto no va de ilusión y deseos a los Reyes Magos, va de realidades», sentenció Iglesias, pidiendo paciencia a una ciudadanía asfixiada por los alquileres.
Esta brecha entre la promesa y la entrega de llaves está provocando un éxodo silencioso hacia zonas rurales, donde iniciativas como las de Andalucía y sus ayudas fiscales intentan atraer a quienes la ciudad expulsa. Mientras Casa 47 intenta levantar ladrillos, la España Vaciada se ofrece como refugio inmediato.
La «fórmula mágica» no existe
Desde Casa 47 insisten en que si hubiera un botón para bajar el alquiler, ya lo habrían pulsado. La estrategia pasa por aprovechar «todo el parque construido» y acelerar la provisión pública, pero los tiempos del urbanismo son geológicos comparados con las urgencias sociales.
La confesión de Iglesias confirma lo que muchos economistas advertían y que tribunales como el Supremo ratifican indirectamente al abordar temas fiscales complejos: la intervención estatal es una maquinaria pesada y lenta, como vemos en los recientes fallos sobre Hacienda y sus procedimientos.
Para el inquilino medio, el mensaje es claro: resistir. La solución pública está en marcha, dicen, pero tardará tanto en llegar que, para muchos, será simplemente demasiado tarde.
