La Policía ha registrado la sede de la ONG Quorum Social 77; en el punto de mira otras organizaciones como ACCEM o Fundación Social Siglo XXI
Están en el punto de mira desde hace algún tiempo. Solo VOX ha denunciado las presuntas mafias que rodean a la inmigración ilegal: los que gestionan los viajes en patera por el Mediterráneo. Pero también de esas ONG’s que los acogen con los brazos abiertos en centros permanentes y temporales y que reciben suculentas ayudas públicas y subvenciones muy golosos del Gobierno del Sanchismo o de la Unión Europea a través de los fondos ‘Next Generation’. Organizaciones investigadas o en el punto de mira como ACCEM, Quorum Social 77 o Fundación Social Siglo XXI.
De hecho, desde febrero de 2025, la Fiscalía Europea investiga la corrupción con fondos UE de los centros de menas en Canarias. Asume la competencia para instruir el desvío masivo de dinero público que acabó en manos de los gestores de estas ONG’s.
Y hoy, la Policía ha registrado la sede de la ONG Quorum Social 77. Todo tras el cierre hace un par de meses de uno de los centros de menas que gestionaba y donde se llevó a cabo una investigación por presuntos abusos que concluyó con la detención de nueve personas.
Pero lo de esta mañana además ha incluido registros, no solo a la sede de Quorum Social 77. También a cinco centros de menas en las Islas Canarias de esta organización.
Enrique Quintana, del PSOE, arrestado
Y entre los arrestados se encuentran la presidenta de la entidad, Delia García, y el socialista Enrique Quintana, director de varios de estos centros y actual miembro del PSOE en la Secretaría de Acción Social de Gáldar, en Gran Canaria. Así lo ha confirmado usuario @CanarioToday en X y que ha reproducido La Gaceta.
Según fuentes policiales, la investigación se habría acelerado tras revelarse que, tras el estallido del escándalo en el centro clausurado en Santa Brígida, Delia García ordenó apagar todas las cámaras de videovigilancia instaladas en el resto de centros que la ONG gestionaba.
Quorum Social 77 ha gestionado, entre 2023 y marzo de 2025, un total de 31 centros con 1.925 plazas para MENAs en toda Canarias, según información de La Gaceta. Durante ese periodo, ha recibido más de 131 millones de euros en subvenciones públicas procedentes del Gobierno de Canarias, actualmente en manos de la coalición CC-PP.
Malversación, prevaricación y trato vejatorio
En los registros efectuados este jueves, los agentes buscan documentación relacionada con la gestión de fondos públicos, así como pruebas de posibles delitos relacionados con malversación, prevaricación, trato vejatorio a menores, falsedad documental o encubrimiento. La investigación sigue bajo secreto de sumario.
No obstante, como recalca La Gaceta, la ONG había sido señalada por organizaciones civiles y medios locales por presuntas irregularidades en la atención a menores, opacidad en su gestión económica y un uso excesivo de fondos públicos. En algunos de los centros ya se habían detectado deficiencias graves, mientras que trabajadores y exusuarios habían denunciado condiciones de vida precarias.
La detención de Delia García y Enrique Quintana supone un giro significativo en el caso. Quintana, además de su cargo directivo en la ONG, ostenta responsabilidades dentro del PSOE. Esto podría implicar posibles conexiones políticas y falta de controles administrativos en la concesión de los contratos.
Reparto planificado de tabaco
Por otro lado, la misma ONG, Quorum Social 77, ha sido señalada por utilizar fondos públicos para suministrar tabaco a los internos de un centro en Tacoronte, Tenerife.
Las imágenes difundidas por el usuario @CanarioToday en la red social X muestran una caja repleta de cigarrillos y mecheros organizados con etiquetas como “mañana”, “tarde” o “finde”, lo que sugiere un reparto planificado del tabaco entre los menores alojados en el centro.
Pero no solo Quorum Social 77 está en el punto de mira por la gestión y posible desvío de fondos de los centros de inmigración. Hay más ONG’s.
El caso de ACCEM
Otra de ellas es ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones), una ONG fundada en 1991 especializada en la atención a migrantes y solicitantes de asilo en España.
Actualmente, ACCEM gestiona un total de 24 centros de acogida en diferentes puntos del país formando parte, junto con Cruz Roja y CEAR, del tridente principal de organizaciones subvencionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para este tipo de servicios.
Desde 2020, ACCEM ha recibido aproximadamente 260 millones de euros en subvenciones públicas para la administración de estos centros.
Se da la circunstancia de que esta organización gestiona, por ejemplo centros temporales de inmigrantes ilegales muy polémicos como el del acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares o el del también conflictivo Hospital Naval de Cartagena.
Según una investigación de La Gaceta, ACCEM cobró desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024 más de 11 millones de euros (exactamente 11.342.360 de euros), destinados exclusivamente a la gestión integral del centro de Alcalá de Henares, incluyendo traslados desde Canarias, transporte, atención médica, traducción e interpretación. Esto equivale a más de un millón de euros mensuales en gasto público en un único centro, calificado por La Gaceta como “un polvorín financiado con más de 11 millones”. Unido todo a una preocupante “opacidad y falta de control” de este tipo de espacios.
Fundación Social Siglo XXI
Y tras Quorum Social 77 y ACCEM, más ONG’s. Hablamos de Fundación Social Siglo XXI. Y es que el juez del juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canarias la investiga por un supuesto desvío de 12,51 millones de euros del Gobierno de Canarias para acoger menas. Es el caso que estudia la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea.
El magistrado investigaba, además de la propia fundación, a cuatro directivos de la entidad, a los que se les acusa de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsificación de documentos privados y mercantiles.
Como confirmaba El País, el Gobierno de Canarias contrataba a ONG’s para la gestión de ilegales menores, a los que se les paga por día y niño.
Un menor ilegal: 95 euros al día
La Fundación Siglo XXI, radicada en Madrid, recibió 12,51 millones de euros del total de 136,9 millones de dinero público que el Ejecutivo canario gastó en la atención y formación de menores en cuatro centros de Gran Canaria y Lanzarote entre 2020 y 2022. Así lo recoge la querella que presentó en mayo de 2023 la Fiscalía Anticorrupción y que ahora está en Europa. Es decir, 95 euros por menor y día; 72 euros, si la plaza estaba desocupada.
Para la Fiscalía Anticorrupción, este escenario “altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público, fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado”.
Ahora, casualmente, y de nuevo, un socialista aparece presuntamente entre los responsables de una de estas ONG’s, mientras los grandes medios lo silencian.
Jue 24 julio 2025 @ 21:12
Los chiringos wokistas en estado puro
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