La líder soberanista francesa aspira a poder ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027
El Tribunal de Apelación de París ha dado este jueves un paso crucial en el caso de supuesta financiación ilegal que afecta a Marine Le Pen, al reducir considerablemente la acusación en su contra. Los jueces descartaron una parte importante de los contratos que habían servido de base a la condena en primera instancia, lo que supone un revés para el planteamiento inicial y refuerza la posición de la líder del partido soberanista francés.
En detalle, los magistrados eliminaron alrededor del 30% de los contratos de asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo que el Tribunal Correccional había considerado irregulares en su fallo del 31 de marzo. Estos contratos estaban incluidos en la documentación, pero no existían pruebas concluyentes de su firma, un factor que resultó determinante para la revisión del caso.
La decisión del Tribunal de Apelación contó también con el apoyo de la Fiscalía, que modificó su postura y reconoció que esos contratos no deberían haberse incluido en el cálculo del perjuicio económico atribuido a la Eurocámara. En el juicio de primera instancia, dichos contratos se habían sumado al supuesto daño total de 4,4 millones de euros registrado entre 2004 y 2016. Con la rectificación, el andamiaje de la acusación se debilita de manera notable.
Los abogados de Le Pen valoraron positivamente este giro durante la audiencia celebrada el miércoles, destacando un ambiente judicial más receptivo y una mayor atención a los argumentos de la defensa. Además, la propia Marine Le Pen adoptó una estrategia más flexible al reconocer de forma abstracta la posibilidad de irregularidades, sin admitir intención de fraude. “Si hubiera cometido un delito, nunca tuvimos la sensación de haber infringido la ley”, declaró, marcando un contraste con la negativa rotunda que mantuvo durante el primer juicio. Este matiz ha ayudado a cuestionar la existencia de conducta dolosa y abre la puerta a una eventual reducción de la pena.
El fallo original del Tribunal Correccional incluyó una inhabilitación de cinco años con efecto inmediato, medida que bloquea actualmente su candidatura presidencial de 2027. Con la reducción de la acusación, Le Pen aspira a que el Tribunal de Apelación suavice la sanción o elimine su aplicación preventiva, permitiéndole así disputar nuevamente la presidencia.
La sentencia definitiva se espera para el verano. En caso de que no pueda presentarse, Le Pen ha indicado que no recurrirá ante el Tribunal Supremo y permitirá el relevo político en favor del eurodiputado Jordan Bardella.
Bardella, de 30 años, ha emergido como una figura de relevancia en la política francesa. Disfruta de un amplio respaldo en redes sociales, gran popularidad y éxito editorial. Incluso las encuestas lo sitúan con un apoyo potencial superior al de Le Pen, demostrando que, pese a la presión judicial, el proyecto político que representa mantiene fuerza y proyección de futuro.
