Once condenados, incluyendo un representante de CCOO, por la actuación administrativa ‘superlativamente ilegal’ para favorecer a Surcolor
La Audiencia de Sevilla impone condenas de prisión a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, cuando estaba en manos del PSOE, en una pieza separada del caso del saqueo de los ERE por las ayudas ilegales a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.
El tribunal condena a tres años de cárcel al exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
También condena a tres años y medio de cárcel al exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas, como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación.
Nueve procesados condenados a prisión
Además, se condena a penas de entre un año y tres años y dos meses de prisión a otros nueve procesados por delitos de falsedad en documento mercantil y malversación.
Entre los condenados figuran dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un beneficiario ‘intruso’, dos extrabajadores de la mediadora Vitalia, un ‘testaferro’ y un abogado.
En concepto de responsabilidad civil, los condenados tendrán que indemnizar a la Junta de Andalucía con cantidades que alcanzan los 984.921,23 euros -la cantidad malversada-, y la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO tendrá que indemnizar como responsable civil subsidiaria del representante sindical condenado.
Actuación administrativa ‘superlativamente ilegal’ para favorecer a Surcolor
La sentencia señala una actuación administrativa “superlativamente ilegal”, porque “se tenía conciencia de que se trataba de una ayuda directa a la empresa, sin seguimiento de expediente en la Consejería y, mucho menos, sin que se hiciera un estudio de viabilidad y solvencia de la empresa beneficiaria (…) tras unas meras reuniones entre los acusados”.
En consecuencia, la Audiencia afea que se produjo “un resultado materialmente injusto derivado del tosco incumplimiento y desconocimiento de las normas reguladoras de estas ayudas”, porque “todo se subordinaba al pertinaz propósito de favorecer a Surcolor, con daño al presupuesto y recursos públicos y a la posibilidad de que tales recursos se hubieran dedicado a su fin propio”.
Beneficiarios ‘intrusos’ del PSOE
El tribunal precisa que, “por consejo” del abogado condenado, “la liquidación de las relaciones laborales de las empresas Surcolor no se instrumentó a través de un ERE, sino por el mecanismo de pactar con los trabajadores” lo que acabaron siendo despidos improcedentes que provocaron que estos interpusieran una demanda.
Tras llegar a un acuerdo a instancias del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, se establecían las indemnizaciones a pagar mediante la suscripción de una póliza de seguro de rentas que incluyó dos ‘intrusos’ que “jamás tuvieron la menor relación” con Surcolor, ambos “miembros del PSOE de Camas” y uno de ellos “concuñado” de Antonio Rivas
“Tales individuos aparecieron en la póliza por indicación” del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier G., “a ruego de su subordinado, Antonio Rivas, y a través” de uno de los responsables de Vitalia procesados.
El papel de los cabecillas socialistas condenados
La sentencia recoge las órdenes de pago a la agencia IDEA, firmadas por Daniel Alberto Rivera, que ésta ejecuta. El tribunal considera que el condenado “tenía que saber que los fondos públicos que libraba con sus resoluciones se aplicaban fuera de todo objeto lícito y admisible, desviándolo de su objeto propio y del interés público y provocando su apropiación por tercero”.
Respecto al exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, los magistrados concluyen que tuvo “participación determinante en las ayudas a las entidades Surcolor” y “conocía perfectamente lo que se urdía con la póliza”, atribuyéndole “incluir en la póliza a los dos intrusos con los que tenía relación”.
La Junta del PSOE financió la póliza sin siquiera ‘solicitud formal’ de Surcolor
El tribunal indica que, en la referida póliza, “las indemnizaciones a percibir por los trabajadores (…) con la adición de los dos extraños a la empresa, sumaba 1.537.162,03 euros, mientras que el coste de la prima de seguro al contado se elevaba a 2.674.175,83 euros”.
Un importe, señala la sentencia, financiando el 90 % por la Junta de Andalucía “sin justificación alguna”, ni “solicitud formal alguna por parte de Surcolor o tercero a su nombre o por su cuenta y sin seguimiento de procedimiento administrativo alguno”.
