Los socialistas alegan que el padrón facilita la gestión de recursos públicos y sus socios de ultraizquierda dicen que ‘refuerza la cohesión y la convivencia’
Los socialistas alegan que existe un nuevo «derecho»: empadronar okupas de inmuebles ajenos. El concejal del PSC en Vic, Josep Pou, defendió con firmeza en el pleno municipal la adhesión de la ciudad al Pacto del Padrón, un acuerdo que PSC, ERC, Comuns y CUP firmaron en junio del año pasado para garantizar el acceso universal al empadronamiento.
Pou explicó que las administraciones deben empadronar a quien lo solicite, incluso sin acreditar título de alquiler o propiedad, porque “es un derecho de los ciudadanos y una obligación de las administraciones”. El concejal socialista describió el padrón como “una herramienta administrativa” esencial para que la ciudad organice sus recursos, diseñe políticas públicas y reclame dinero a la Generalidad.
Para el socialista, premiar la okupación con el empadronamiento es ‘afrontar la realidad’
Pou subrayó que “es una contradicción pedir más recursos cuando intentamos limitar el padrón”, ya que restringir el empadronamiento no resuelve los problemas de vivienda. Pou insistió en que “por mucho que se restrinja el padrón la gente seguirá malviviendo, ya sea en un piso okupado, en un entresuelo o en la calle”, por lo que pidió “afrontar la realidad” y apostar por políticas públicas que busquen soluciones reales en lugar de generar nuevos conflictos.
Polémica alineación con la extrema izquierda
Esta postura del PSC en Vic coincide con la defendida por la CUP, cuya portavoz afirmó que “no empadronar a las personas no las hace desaparecer” y abogó por empadronarlas “para gestionar la realidad y no ignorarla”, ya que reconocerlas administrativamente “refuerza la cohesión y la convivencia”. ERC también respaldó la moción al argumentar que el empadronamiento indiscriminado impide que las personas abandonen la ciudad.
Según relata el digital e-noticies, El debate surgió a raíz de una propuesta de los Comuns para adherirse al pacto nacional, que el PSC apoyó sin reservas en un municipio donde la cuestión genera controversia entre vecinos y propietarios.
