Esta medida no solo pone en jaque la seguridad ciudadana, sino que erosiona los valores tradicionales y la identidad cultural de España
En un movimiento que muchos conservadores califican de irresponsable y suicida para la soberanía nacional, el Gobierno de coalición liderado por los socialistas y sus aliados de extrema izquierda ha aprobado un decreto que permitirá la regularización masiva de hasta 500.000 inmigrantes irregulares. Lo más alarmante: entre ellos podrían colarse individuos con historiales delictivos extensos, con hasta 30 o 40 detenciones policiales a sus espaldas, sin que esto suponga un obstáculo real para obtener la residencia legal en España.
Fuentes judiciales y policiales advierten de que esta medida no solo pone en jaque la seguridad ciudadana, sino que erosiona los valores tradicionales y la identidad cultural de nuestra nación, abriendo la puerta a un cambio demográfico que podría alterar el futuro electoral del país.
El decreto, pactado con Podemos, se centra en convertir estancias ilegales en residencias legales sin una verificación exhaustiva de los antecedentes policiales.
Según expertos consultados, solo se consideran impedimentos las condenas judiciales firmes, ignorando por completo las detenciones repetidas que no han culminado en sentencia… Un proceso que puede tardar años.
Regularizados con hasta 30 y 40 detenciones
«Desde la primera detención hasta la primera sentencia condenatoria puede haber un historial de 30 o 40 detenciones. Ninguna de esas detenciones sería obstáculos para la regularización«, han declarado fuentes policiales a El Debate, destacando cómo esta laguna legal podría legalizar la presencia de potenciales criminales que contribuyen a la creciente percepción de inseguridad en las calles españolas.
David Gutiérrez, portavoz del sindicato CEP, ha sido tajante. «Muchas detenciones se producen antes de que haya una condena judicial, y los retrasos en los tribunales permiten que estos individuos sigan delinquiendo sin consecuencias inmediatas».
Una absoluta irresponsabilidad
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se denuncia esta «irresponsabilidad de la regularización masiva» como una «temeridad que pone en riesgo la seguridad ciudadana«, argumentando que no hay recursos ni medios para verificar identidades reales o antecedentes delictivos en profundidad.
El sindicato Jupol añade a El Debate que «la ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación», subrayando casos graves como agresiones sexuales que podrían pasar desapercibidos.
Perfiles dudosos
Pero los peligros van más allá de la delincuencia callejera. Esta regularización masiva representa una amenaza directa a la seguridad nacional, al facilitar la integración de personas con perfiles dudosos que podrían vincularse a redes criminales organizadas, tráfico de drogas o incluso extremismos ideológicos.
La pregunta clave es la siguiente: ¿Cómo garantizar la cohesión social cuando se invita a miles de individuos ajenos a nuestros valores cristianos, familiares y patrióticos?
La identidad española, forjada en siglos de historia y tradición, se diluye ante una inmigración descontrolada que prioriza los derechos de los extranjeros sobre la protección de los ciudadanos de bien. Comunidades enteras podrían verse transformadas, con un impacto irreversible en la cultura, la lengua y las costumbres que definen nuestra nación.
Nacionalidad española
Y lo peor está por venir: una vez regularizados, estos inmigrantes podrán acceder a la nacionalidad española en apenas dos años, especialmente si provienen de países iberoamericanos con acuerdos preferenciales. Esto no es especulación; es la realidad legal vigente.
Con la ciudadanía en mano, toda esta oleada de nuevos «españoles» tendrá derecho a votar en las elecciones generales, influyendo directamente en el destino político de España. Imaginen: medio millón de votos potenciales que podrían decantar la balanza hacia políticas izquierdistas, perpetuando el ciclo de apertura fronteriza y debilitamiento nacional.
Incluso antes de eso, con solo la regularización en mano, ya podrán participar en las elecciones municipales, alterando la gestión local en ayuntamientos clave.
En un país donde la reciprocidad con ciertos países permite el voto local a residentes no comunitarios, esta medida equivale a un cheque en blanco para que extranjeros con dudosos antecedentes influyan en decisiones que afectan a barrios, escuelas y servicios públicos. ¿Es esto lo que merecen los españoles que pagan impuestos y respetan la ley?
Traición a España
VOX ha calificado este decreto de «traición a la patria» y exige una revisión inmediata para priorizar la deportación de delincuentes en lugar de su integración. «No podemos permitir que el Gobierno sacrifique la seguridad de nuestras familias por votos baratos y agendas globalistas».
Esta regularización no es solo un error administrativo; es un asalto frontal a la España que conocemos y amamos. Es hora de que los ciudadanos despierten y exijan fronteras seguras, valores intactos y un futuro donde prime el interés nacional sobre el buenismo izquierdista.
