Las obras, adjudicadas en 2022 por 52,5 millones a una UTE integrada por Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi, se concibieron como un contrato «cerrado»
Se trata, sin duda, de un nuevo golpe a la credibilidad del Gobierno socialista. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aprobó una ampliación presupuestaria de 6,2 millones de euros sin apenas justificación para las obras ferroviarias en Adamuz (Córdoba). Fue precisamente en la zona donde se produjo el devastador accidente que deja por el momento 42 fallecidos y 150 heridos.
Esta revelación, exclusiva de El Debate, pone en evidencia la opacidad y el despilfarro de fondos públicos bajo la administración del PSOE, que parece priorizar intereses oscuros sobre la seguridad de los ciudadanos.
Las obras, adjudicadas en abril de 2022 por 52,5 millones de euros a una UTE integrada por Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi, se concibieron como un contrato «cerrado» sin previsiones de modificaciones.
Inyección extra de dinero
Sin embargo, en marzo de 2025, Puente dio luz verde a esta inyección extra de dinero, elevando el coste total a 58,7 millones, junto con una prórroga de doce meses. Lo más alarmante es que esta ampliación se autorizó sin documentación técnica pública que explique los supuestos imprevistos, evadiendo controles estrictos al quedarse por debajo del 20% del presupuesto original. La cuestión que se plantea es si fue casualidad o se trató de una maniobra calculada para evitar el escrutinio del Consejo de Estado.
Puesto de Adamuz
La «zona cero» del siniestro, el Puesto de Banalización de Adamuz, forma parte del ámbito de estas obras. Las investigaciones preliminares apuntan a un fallo en desvíos o soldaduras en una vía recién renovada, lo que podría vincular directamente esta decisión ministerial con la tragedia.
Pero hay más: Azvi, una de las empresas beneficiadas, está bajo la lupa de la Guardia Civil en la ‘trama Koldo’, el escándalo de comisiones ilegales durante la era de José Luis Ábalos.
Pago de mordidas
Koldo García, exasesor de Ábalos, estuvo en nómina de Azvi entre 2023 y 2024, justo en el pico de las obras. Grabaciones de la UCO revelan conversaciones sobre facturas sin contrato, y el empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el Supremo que compañías como Azvi pagaron mordidas por adjudicaciones.
Este caso ejemplifica el clientelismo socialista: mientras el Gobierno de Sánchez derrocha millones en contratos sospechosos, los españoles pagan con vidas e impuestos.
