Las cifras son, sencillamente, aterradoras. Inglaterra y Gales han registrado en 2023 el número más alto de abortos desde que se aprobó la Ley del Aborto en 1967. Un total de 277.970 vidas humanas fueron terminadas antes de nacer, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. Pero lo más escandaloso de este drama demográfico y moral es quién paga la factura: la inmensa mayoría de estos procedimientos son subvencionados directamente por el Gobierno británico, convirtiendo al Estado en el principal financiador de esta industria de la muerte.
Según los datos revelados recientemente, el 81% de estos abortos se realizaron en clínicas privadas pero fueron pagados con fondos públicos del Servicio Nacional de Salud (NHS). A esto se suma un 17% realizado directamente en hospitales públicos. En resumen: casi la totalidad de los abortos en suelo británico corren a cargo del contribuyente. Esta política de barra libre, lejos de ser una solución de «salud», se ha revelado como un síntoma de una sociedad que ha normalizado la eliminación de los no nacidos como un método anticonceptivo más, financiado además con el dinero de todos.
El aborto ‘a domicilio’: una práctica deshumanizada
Otro dato que hiela la sangre es el método utilizado. El 87% de los casos se llevaron a cabo mediante aborto farmacológico, y una parte muy significativa de ellos se realizó en el propio hogar de la mujer. Se trata del llamado «aborto a domicilio» o telemedicina, una práctica impulsada durante la pandemia y que se ha mantenido, facilitando el proceso hasta límites triviales y dejando a las mujeres solas en un momento traumático, sin supervisión médica presencial directa. Convertir el hogar en una clínica abortista es el último paso en la deshumanización de este proceso.
Los expertos intentan justificar este disparo en las estadísticas aludiendo a la crisis del coste de la vida y a las presiones económicas que sufren las familias. Sin embargo, esta explicación esconde una realidad más cruda: el fracaso de las políticas de apoyo a la maternidad y a la familia. En lugar de ofrecer ayudas reales para que las mujeres puedan ser madres, el sistema público británico ofrece la vía rápida y «gratuita» del aborto, subvencionando la eliminación del problema en lugar de solucionar la causa de la precariedad.
Una sociedad que se suicida demográficamente
Mientras Europa se enfrenta a un invierno demográfico sin precedentes, con tasas de natalidad bajo mínimos que amenazan la viabilidad de los estados del bienestar, Reino Unido bate récords en la dirección opuesta, eliminando a casi 300.000 futuros ciudadanos en un solo año. Es una contradicción macabra que evidencia la pérdida de valores fundamentales en la civilización occidental. El aborto ha dejado de ser una excepción trágica para convertirse en una prestación sanitaria más, industrializada y financiada masivamente por el Estado.
Las organizaciones provida denuncian que estas cifras son el resultado de años de ingeniería social y de promoción del aborto como un «derecho» sin consecuencias. Cuando el Estado pone todo su aparato y sus recursos económicos al servicio de estas prácticas, el resultado es el que vemos: un récord histórico de muertes prenatales. La sociedad británica, y por extensión la europea, debe mirarse en este espejo y preguntarse si este es el modelo de «progreso» que queremos, donde el éxito se mide en la eficiencia para eliminar vidas humanas con dinero público.
